Los campesinos catalanes mantienen sus movilizaciones ante la inacción institucional para cubrir sus demandas. El campo del país, que bloqueó Barcelona la pasada semana después de jornadas de tensión a las vías de transporte del interior, buscarán bloquear mañana dos de los grandes nodos logísticos de la alimentación en el territorio: Mercabarna y el puerto de Tarragona, así como parte de la frontera con Francia. Las plataformas convocantes, así como las organizaciones tradicionales que apoyan, preparan marchas lentas y tractoradas para el próximo martes. Desde las grandes movilizaciones de la pasada semana -al hilo de las convocadas en el Estado español y a varios mercados europeos-, el campesinado ha usado la movilización para situar en el debate público sus reivindicaciones, entre las cuales destacan una reducción de la burocracia, la regulación del comercio internacional o una racionalización de las normativas ambientales al continente.
Alrededor de Mercabarna se espera un importante contingente de campesinos de la demarcación de Barcelona, con tractores procedentes del Baix Llobregat y la Anoia. La concentración, que se espera para primera hora de la mañana, llegará después de una marcha que saldrá de varios puntos agrícolas de las comarcas centrales, como por ejemplo la Cooperativa de Sant Boi de Llobregat o las zonas agrarias del Prat. Por otro lado, campesinos procedentes de Valls, Reus, el Morell y otras zonas se añadirán a los manifestantes leridanos para dificultar los accesos al Puerto de Tarragona. Desde las comarcas de Girona se esperan movilizaciones a Santa Llogaia de Àlgema y a Orriols, para parar la N-II. Según Unión de campesinos, las marchas de esta semana «se centran en la competencia desleal de los productos que no cumplen los estándares europeos». En este sentido, la organización reclama «reciprocidad en las relaciones comerciales» -es decir, que también se aplique sobre terceros países las reclamaciones sanitarias y ambientales que supongan una importante inversión para el campo europeo-. Todo ello culminará con la gran marcha del próximo miércoles 21, que agrupará los manifestantes ante el ministerio de Agricultura, a Madrid.
Los campesinos catalanes, a pesar de que se retiraron de Barcelona el pasado miércoles -mayoritariamente para atender sus explotaciones ganaderas y agrarias-, han sostenido la tensión al transporte del país durante ya una semana. Sin ir más lejos, este mismo lunes décimas de tractores han interrumpido el tráfico de la AP-2 a la altura de Soses, y han cortado el A-2 cerca de Alcarràs. Los Mossos d’Esquadra, pero, habían preparado un dispositivo especial para evitar las movilizaciones en el Segrià, hecho que ha provocado que los convocantes eleven el tono. «El Gobierno no nos deja manifestar, la paciencia se acaba», ha declarado a la Agencia Catalana de Noticias Jordi Larios, uno de los portavoces de las plataformas transversales.
Los agravios, en Bruselas
Malgrat que los campesinos catalanes identifican rendijas correspondientes a todos los niveles administrativos -Generalitat, Estado y Comisión Europea-, el núcleo de sus reivindicaciones se decide en Bruselas. Si bien el ejecutivo comunitario ya ha comunicado algunas concesiones hacia el movimiento campesino -como por ejemplo eliminar las referencias a la reducción de emisiones del sector primario a los objetivos continentales para el 2040-, sus demandas centrales todavía no han sido atendidas. Una de las cuestiones más problemáticas, la regulación de las importaciones de terceros países que no tienen que cumplir las normativas ambientales y sanitarias de la UE, ya ha sido descartada por parte de la Comisión. El comisario europeo de Asuntos Económicos, el letón Valdis Dombrovskis, ha defendido hoy la firma de nuevos acuerdos comerciales con mercados extracomunitarios, asegurando que «el comercio internacional es muy importante». A pesar de que Dombrovskis reconoce que «no se reconoce bastante el trabajo que hacen los agricultores día a día», niega la posibilidad de establecer fronteras comerciales para el sector primario, y apuesta por pactos bilaterales con países productores de fuera del continente, como insta la Organización Mundial del Comercio.
Justo es decir que, desde el Estado, ya se espera acceder a las autoridades comunitarias para comunicar sus reclamaciones. La Unión de Uniones -organización de la que forma parte, entre otras, la más representativa del sector en Cataluña, la Unión de Campesinos- espera poder reunirse este mismo miércoles con el comisario europeo de Agricultura, el conservador polaco Janusz Wokciechowski, para reclamar que incluyan la sostenibilidad económica del campesinado en su dibujo regulador. «La presión ecológica a la cual estamos sometidos los profesionales del campo por parte de unos gobernantes y burócratas que no lo conocen es ya insoportable, y tiene que producirse un cambio de rumbo a la política agraria», exige la entidad española. Entre las demandas concretas que trasladarán a Wokciechowski, destacan la revisión del Pacto Verde Europeo o el alargamiento de ciertos horizontes ambientales, como por ejemplo la Ley de Restauración de la Naturaleza.
Tensiones en todo Europa
Cataluña, hay que recordar, se añadió la semana pasada a una oleada de reivindicaciones campesinas que supera, por primera vez en años, todas las fronteras europeas. Si bien los primeros chispazos del descontento campesino se notaron en Polonia a raíz de la relación alimentaria con Ucrania, las tractorades y marchas lentas se han repetido a toda la Unión, con Francia, Alemania o Portugal como principales afectados. Está en el país vecino, de hecho, donde se han dado escenas más tensas, si bien empiezan a expandirse por el resto de miembros. El pasado fin de semana, de hecho, el campesinado italiano siguió una hoja de ruta similar al que se ha visto en Cataluña, con movilizaciones que llegaron a llevar los tractores del primario a las puertas de Roma. En el caso de la república mediterránea, los impuestos a la actividad del sector primario se añaden a las regulaciones ambientales y el exceso de trabajo administrativo como rendijas principales en la vida de los campesinos -unos impuestos que el gobierno ultra de Georgia Meloni ya se ha comprometido a reducir a raíz de las protestas de las últimas jornadas-.
También en el Estado español se han notado réplicas a esta tendencia europea, con manifestaciones a algunos de los principales centros productivos de la red agraria. A pesar de que Moncloa fue rápida a trasladar en rueda de prensa su apoyo y empatía hacia las condiciones de vida del campesinado, la Plataforma 6-F -uno de los principales vehículos de las movilizaciones en el territorio español- ha denunciado que todavía no se han puesto en contacto, y exigen que el ejecutivo de Pedro Sánchez «escuche sus reivindicaciones». Reclaman, además, la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante la actitud hacia los manifestantes de los operativos policiales desplegados en todo el Estado. Según denuncian desde la entidad, el encuentro de campesinos con los manifestantes del sector del transporte el pasado sábado se saldó con 60 personas heridas. En palabras del responsable jurídico de 6-F, Xaime da Pena, «hay una contradicción por parte del gobierno español, puesto que habla de que las protestas son legítimas, pero actúa como si no lo fueran». En este sentido, Da Pena ya ha anunciado que «denunciarán a los agentes que golpearon» a los campesinos concentrados, una treintena, según sus cálculos.
