La otoño del 2022 fue especialmente tensa a algunos de los grandes sectores económicos de Cataluña. En la salida de la crisis de la pandemia, y en medio de un choque inflacionista que todavía no había logrado sus cumbres más elevadas, más de un millón de trabajadores catalanes -a la industria del metal, a las oficinas o a las empresas constructivas del país- vieron como los convenios colectivos que cubren sus condiciones laborales caducaban sin un camino directo a la resolución. Después de enfrentamientos explícitos, con movilizaciones y amenazas de huelga en algunas de las que permanecen entre las fuerzas de trabajo más sindicalmente activas del Estado, la representación de las plantillas salió satisfecha del que describió como un «otoño caliente», con unos veinte convenios ratificados y alzas salariales a los voltios del 4%, ligeramente por encima de las referencias anuales dictadas por CCOO, UGT y la CEOE en el quinto Acuerdo para la Ocupación y la Negociación Colectiva (AENC).
Con los meses, algunos de los nudos que quedaron ligados de aquellas complejas semanas se han ido desbloqueando, como por ejemplo el de oficinas y despachos; mientras que otros, como el agropecuario, cuelgan todavía con importantes distancias entre sindicatos y organizaciones empresariales. Sin una resolución completa, desde Comisiones Obreras auguran un nuevo ciclo de protestas a partir de septiembre, con unos 160.000 empleados afectados por el bloqueo en las conversaciones para tres acuerdos sectoriales fundamentales al secundario catalán: la química, el textil y la cárnica. Cómo recordaba en una visita en la sede de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña la secretaria general de Industria Garbiñe Espejo, las actualizaciones legislativas comenzadas por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz tienen mucho que ver con las resistencias de unas organizaciones empresariales que, como denunciaba la sindicalista, ejecutan un «bloqueo intencionado de la negociación colectiva» para presionar Moncloa. «Hasta que las patronales no negocien de forma seria -alertaba una agresiva Espejo- un 30% de trabajadores y trabajadoras de los sectores productivos catalanes saldrán a las calles». Ya iniciado en el mes de agosto, y paradas todas las reuniones en el marco del diálogo social, fuentes sindicales consultadas por este medio apuntan que los próximos meses de septiembre, octubre y noviembre prometen estirar la cuerda a un nivel similar al de ahora hace dos años.
El diagnóstico de los sindicatos es sencillo: el empresariado rechaza buena parte de las medidas impuestas por el Ministerio; incluso aquellas que la CEOE ha firmado en el marco del diálogo tripartito, como por ejemplo la misma reforma laboral. «A pesar de que los han firmado ellos, no están contentos»; ironiza Isabel Teruel, secretaria del sector químico, textil y artes a la sección industrial de la Unión General de Trabajadores en Cataluña, UGT Mete. Para Teruel, el movimiento del capital está claro: alargar las conversaciones a la espera que el ejecutivo desencalle las 37,5 horas que ellos mismos rechazan: «El ambiente es que no gusta; cuantifiquen las pérdidas», insiste la sindicalista. Por encima de la relación de competencia entre sindicatos mayoritarios y patronal, los desacuerdos con Moncloa han hecho más agrias las negociaciones en todas las escalas. Cuando Díaz y Garamendi cerraban acuerdos con relativa asiduidad, sus asociados estaban «más receptivos»; ahora, pero, que la gobernanza de los empresarios se ha retirado en tres ocasiones de sus responsabilidades negociadoras, «se sienten más fuertes por no aplicar» las exigencias de administraciones y trabajadores.
Química: los estragos del 10,3%
El convenio del sector químico es de los más relevantes del país -no va, se trata del principal exportador catalán con una diferencia sustancial respecto del segundo, como confirman trimestre detrás trimestre el Ministerio de Industria y la Idescat-. Con poco más de 100.000 trabajadores y una historia de cierta gentileza en las conversaciones, una parada sustantiva de su actividad puede estar a tiempo un golpazo y una sorpresa para el mundo productivo del país. Según confirman fuentes de la negociación en este diario, la última reunión, planeada para el pasado 25 de junio, «se canceló, porque las posiciones estaban demasiado alejadas». Los sindicatos mayoritarios y la patronal del sector, Feique, se citan ya de cara en septiembre a la espera «de acercar algo más las líneas»; si bien la parte social rechaza moverse de sus líneas rojas. «En otros convenios nos hemos entendido más, y hemos ido comprobando que las distancias se podían salvar», rememora Teruel. En el caso del 2024, pero, la inflación se ha puesto en medio: después de una actualización de mesas salariales de un 10,3% en vigor de la cláusula de revisión salarial al IPC del anterior acuerdo, los empresarios químicos no tienen prisa para volver a actualizar las condiciones de las plantillas.
Los trabajadores, mientras tanto, proponen modular futuros crecimientos de la masa salarial sin renunciar a ellos -por ejemplo, reformando la mencionada sección porque las subidas se concreten año a año, y no al final del convenio, como pasó ahora hace seis meses-. Descartan, pero, recortes a esta compensación, dado que los incrementos retributivos de acuerdo con los precios de consumo son «actualizaciones para compensar el que se había perdido anteriormente». «Las plantillas están a la espera, y quitadas el sueño; mucha gente está dispuesta a atender las movilizaciones», avisa la representante de UGT, que prevé convocatorias a partir del otoño para presionar la parte empresarial. Sobre posible concesiones de la parte social, la responsable ugetista es clara: «nos podemos mover en muchas cosas, pero tenemos claro en que no nos moveremos». Ni tope a la actualización por precios ni nuevo cálculo de masa salarial. A partir de aquí, «se pueden buscar alternativas».
Cárnicas: sin mirar el AENC
Más pequeño, pero todavía relevante, será el conflicto -en caso de producirse- a la potente industria cárnica del país. En conversación con Mundo Economía, el responsable de negociación colectiva de Comisiones Obreras de Industria en Cataluña, Javier Rubio, detecta un «especial cierre» en la posición patronal. Las partes acordaron, como recuerdan desde UGT, un formato de negociación punto por punto que permite profundizar en todos los apartados que se quieren dirigir; si bien los representantes de los trabajadores denuncian que la parte corporativa «usa este formato para alargar las negociaciones y, de vez en cuando, amenazar de endurecer las condiciones del convenio». En concreto, declara Rubio, los patrones buscan alargar los límites de contratación por circunstancias de la producción hasta los 12 meses -actualmente el tope es a los seis- o contemplar la fórmula de fijos discontinuos a tiempo parcial, una liberalización que «no hace falta», a parecer de las centrales sindicales, por el buen rendimiento que registra el sector -con una cifra de negocio superior a los 33.000 millones de euros durante el 2023, según datos de la organización empresarial ANICE-.
Como en el caso de la química, los empresarios cárnicos permanecen expectantes por la aplicación de las 37,5 horas, inamovible para CCOO y la UGT. «Argumentan que sube el precio por hora de cada trabajador si se los rebaja la jornada», comenta Alícia Buil, de UGT Mete. A parecer de la sindicalista, la reducción de jornada y los nuevos permisos retribuidos incluidos a la Ley de Familias forman parte de los cimientos del que tiene que ser el nuevo convenio; que tiene que recoger las mejoras reguladoras al pie de la letra, sin referencias secundarias. «No es el mismo que se transcriba de forma literal el Estatuto a que el convenio haga referencia al que dice la ley», alerta Buil; dado que, con la segunda versión, se abre la puerta a importantes retrocesos en caso de un cambio de gobierno que haga echar atrás el marco normativo. «La ley, tal como está, ya es una mejora», sentencia la ugetista. Rubio, por su parte, mueve el foco hacia el conflicto salarial, en el cual denuncia una «postura totalmente cerrada» por parte del empresariado, que «ni siquiera valora los incrementos registrados en el AENC» -menores, justo es decir, que los que maneguen UGT y Comisiones-. A estas rendijas se añade la profunda preocupación de las plantillas por la seguridad física y psicológica, una «asignatura pendiente» del sector atendida la dificultad de las tareas que se llevan a cabo a un matadero. La situación sectorial, convienen ambos representantes, invita a pensar en un proceso sencillo, dado que «el sector no tiene ningún problema, y no se los interesa un conflicto». Para Buil, más optimista, la complejidad reside a unificar posiciones de una mesa con ocho actores diferentes. Rubio, menos halagüeño, avisa que, en caso de que la situación continúe enquistada, «avanzaremos en movilizaciones».
Textil: una sola categoría
Las reformas que busca la parte social en los dos primeros convenios quedan pequeñas hacia el textil, donde los sindicatos aspiran a abrir de par en par el acuerdo para reformar entera la estructura de categorías laborales. Actualmente, con 10 subsectores reconocidos y una muchedumbre de niveles por rama, el acuerdo marco reconoce 526 tipos de empleados, con sus respectivas posiciones en una decena de mesas salariales separadas. «Es un convenio anticuado, que no ha evolucionado mucho», lamenta Teruel, que apunta que el gran objetivo de CCOO y UGT es «simplificar y modernizar» el entendimiento interno de la industria. Tal como recoge la plataforma reivindicativa conjunta, la propuesta contempla «homogeneitzar los dtets entre subsectores o anexos» para evitar que profesionales de escala similar reciban compensaciones y disfruten de derechos extremadamente disparells. Todo ello, apunta Rubio, con un claro componente de género; dado que las ramas más maltratadas por la negociación colectiva son, también, las más feminizadas: «El ramo del agua, que suele cobrar mucho más, es mayoritariamente de los hombres; mientras que el de confección, que cobra menos, tiene mayoría de mujeres», concreta el sindicalista. Más allá de esta simplificación reguladora, CCOO y la UGT elaboran un texto con tres años de vigencia y subidas salariales por encima del acuerdo estatal, todo ello con el objetivo de «hacer atractiva la industria» para nuevos trabajadores, atendidas las dificultades de encontrar manso para hacer mover las factorías de textil. «Pero la patronal no lo ha entendido -concluye, resignado, Rubio-; veremos en septiembre».
