Los últimos datos del Índice de precios de Consumo dibujan un futuro inmediato incierto a la economía del Estado. Según el estudio del INE, durante julio, los precios al mercado español escalaron un 2,3%, al mismo ritmo que en Cataluña. La subyacente, por su parte, continúa disparada, por encima del 6%, el que indica repuntes a medio plazo por el alta influencia sobre el conjunto de precios de factores muy volátiles, como por ejemplo la energía o la alimentación. Sindicatos y asociaciones de consumidores, después de los datos publicados este viernes, reclaman medidas urgentes de control de precios para paliar el impacto del previsible retorno de la espiral inflacionista sobre la ya tocada economía familiar.
La Unión General de Trabajadores apunta a un claro culpable del retorno de las presiones inflacionistas después de meses a la baja: los beneficios de las empresas. Según el sindicato, la rendija entre la tasa general y la subyacente «demuestra como las empresas han trasladado la inflación al resto de productos básicos, como por ejemplo los alimentos». Así, los representantes de los trabajadores reclaman «medidas que limiten los beneficios de parte del tejido empresarial», especialmente de las cadenas de gran distribución alimentaria. La organización contempla, en este sentido, decisiones similares a las que ya se han aplicado sobre el sector energético, donde la excepción ibérica y un discutido impuesto a los beneficios extraordinarios han ayudado a controlar el IPC del sector. En el mismo sentido se ha expresado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que considera necesario «actuar» sobre los márgenes empresariales para «proteger la ciudadanía» de una nueva espiral de precios.
El protagonista de los nuevos datos de inflación, como ya viene siente el caso en los últimos meses, son los alimentos. Cómo constataba Díaz, el IPC del sector alimentario ha escalado un 31% en los últimos tres años, desde el inicio de la pandemia. De este modo, entidades de protección de los consumidores exigen ampliar las medidas de control de los precios que ya se aplican sobre el sector, como por ejemplo la rebaja del IVA a los alimentos. Así, la OCU propone extender la bonificación también a la carne y el pez -a pesar de que el principal motor de la escalada de costes durante el verano han sido los vegetales-. Además, la organización pide en el gobierno en funciones que mejore el importe de 200 euros que se entrega en forma de cheque de asistencia a las familias con una renta anual inferior a los 27.000 euros.
Incidencia en los salarios
Más allá de las medidas de control de precios, los sindicatos inciden en la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. Desde la Unión Sindical Obrera destacan la «máxima prioridad» de una nueva subida salarial que equilibre la capacidad de gasto de los trabajadores con el aumento de precios. En este sentido, desde la organización un nuevo aumento del SMI que impulse «el resto de salarios», con el objetivo de contrarrestar las subidas «escandalosas» de alimentos básicos como el aceite o las frutas. Similar es la posición de la UGT, que reclama «continuar progresando» en la revalorización salarial a los niveles que se acordaron en el quinto acuerdo para la ocupación y la negociación colectiva firmado por los sindicatos mayoritarios y la CEOE.
Los tipos de interés, una «estrategia fallada»
Las organizaciones del mundo del trabajo dirigen también sus críticas hacia el Banco Central Europeo por el foco en la política monetaria como única palanca para reducir la inflación. La UGT golpea la «fallida estrategia» de Frankfurt, que ha disparado el precio del crédito a máximos de más de quince años sin resultados tangibles. «El endurecimiento de la política monetaria no es solo ineficaz, sino que lastra la actividad económica y pose en peligro miles de hogares», espetan desde el sindicato.
