Los agricultores catalanes se movilizan en todo el país y cortarán las principales carreteras para denunciar la situación límite que vive el sector agrícola después de un 2023 “durísimo” por la sequía y el exceso de burocracia que “ahoga” a los agricultores. En total hay una decena de protestas y tractoradas convocadas y se prevé que tengan una gran afectación en el tráfico. “Los ánimos están hundidos. El 2023 fue sobrecogedor y el 2024 no va mejor, la economía está muy tocada”, explican a la Agencia Catalana de Noticias (ACN) desde Unió de Pagesos. Los campesinos de Poniente quieren cortar los cuatro carriles de la A2, a la altura de Fondarella (Pla d’Urgell), mientras que los de Girona se desplazarán hasta la AP-7 en Medinyà (Gironès).
También se prevén cortes en la C-17 hacia Vic (Osona) y Parets del Vallès (Vallès Oriental) y a la C-25 y la C-16 a la altura de Sant Fruitós de Bages (Bages). En las Tierras del Ebro la concentración será a la N-340, en Aldea (Baix Ebre) y se harán marchas lentas en Móra d’Ebre (Ribera de Ebro) hasta Gandesa (Terra Alta). En el Pirineo, las protestas estarán en la Seu d’Urgell (Alt Urgell), con una concentración a la N-260, y en Sort (Pallars Sobirà), donde la movilización cortará la C-13. Algunos de los organizadores de las protestas no descartan hacer acampadas para pasar la noche y alargar las manifestaciones hasta el miércoles. Los campesinos han pedido los cortes por uno o dos días, según la zona.
El éxito de las movilizaciones en Francia, donde los campesinos han paralizado el país en varias ocasiones, ha precipitado el calendario de las protestas en Cataluña, que preparan una gran manifestación en Madrid para el próximo 21 de febrero. Las asociaciones agrarias también harán acciones en la frontera francesa, en el Puerto de Tarragona y en Mercabarna para el 13 febrero. Durante el fin de semana ya se han producido varias protestas y marchas lentas en Poniente.
El exceso de burocracia, la estocada final al sector agrario
Además de las quejas por el aumento de los costes de producción y los efectos de la sequía, los campesinos salen a protestar por el exceso de burocracia que supone el cuaderno de campo digital impuesto por la Unión Europea. Se trata de un documento que tiene que unificar los registros existentes de información agraria, obligatorio para acceder a las ayudas europeas, que se ha impuesto desde Bruselas. Los campesinos acusan al gobierno español de “centrifugar” al sector los costes de la digitalización forzada y reclaman ayudas. Los agricultores también exigen el fin del abuso que supone que los pequeños productores estén obligados a vender por debajo del precio de coste; el diseño de planes estratégicos de la Política Agraria Común (PEC) adaptados a la realidad mediterránea; o la imposición de aranceles para acabar con la competencia desleal de productos procedentes de fuera de la UE.
