El Ministerio de Transformación Digital del gobierno de Pedro Sánchez activará la capacidad de inspeccionar y multar «prácticas prohibidas» de la Inteligencia Artificial a partir de 2025. El departamento que lidera -por ahora, a la espera de su posible salto a la política madrileña- Óscar López activará durante el curso próximo las competencias de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) en estos dos ámbitos. Este organismo será, así, el referente normativo de las administraciones españolas en el ámbito de la IA, asumiendo «plena potestad sancionadora», así como el conjunto de las competencias de control y gobernanza de la tecnología fundamentada en las directivas digitales de la Unión Europea.
Así lo ha aclarado el ejecutivo en respuesta a una pregunta parlamentaria del grupo Popular. De esta manera, el 2 de febrero la Aesia recibirá la autoridad necesaria para inspeccionar las prácticas de IA ilegales, mientras que el 2 de agosto asumirá la capacidad de multar a aquellos que las lleven a cabo, así como el resto de competencias pertinentes. La agencia, cabe recordar, estará situada en Coruña, y la dirigirá el experto en IA y profesor de la UIC Ignasi Belda. La estructura se elevará hasta los 80 trabajadores, y se financiará con el presupuesto asignado al ministerio para la Transformación Digital hasta que se elabore un presupuesto propio. Por ahora, la arquitectura de la Agencia se está completando, aunque ya acompañan a Belda un secretario general, dos jefes de división, un subdirector y varios trabajadores administrativos.
Ley europea de la IA
La agencia española de la IA forma parte de la respuesta de Moncloa al reglamento comunitario 2024/1689, también conocido como ley europea de la Inteligencia Artificial. Se trata del primer marco jurídico integral que una potencia internacional ha establecido respecto a la tecnología, y busca «garantizar que los sistemas respeten los derechos fundamentales, la seguridad y los principios éticos», según detalla la Comisión Europea. Así, las instituciones comunitarias dotan a los países miembros de herramientas para definir y regular el nivel de riesgo de una actividad concreta. Las instituciones españolas se reservan, sin embargo, también la posibilidad de impulsar la adopción de herramientas de IA útiles para pequeñas y medianas empresas, así como el apoyo a proveedores de servicios considerados de bajo riesgo y necesarios para la actividad económica. También garantizará el acceso de entornos formativos para empresas y trabajadores, así como a canales para difundir correctamente la regulación que marcará el futuro del sector.
