La infraestructura de carga para el vehículo eléctrico es uno de los grandes problemas que enfrenta Cataluña, así como el conjunto del Estado español, en la hora de implementar un modelo de movilidad sostenible. El último estudio sectorial de la patronal española del automóvil Anfac dibuja una situación poco halagüeña: según la entidad empresarial, el país cuenta a estas alturas con unos 2.600 cargaderos públicos menos de los que tendría que tener a finales del 2023 para adaptarse a los objetivos del programa europeo
El último barómetro de la patronal recoge poco menos de 5.000 puntos de carga públicos operativos a las vías catalanas con fecha de julio. Para ir en línea con los objetivos planteados por el sector a escala comunitaria, a cierre de año harían falta unos 7.572, según las previsiones de Anfac. La escalada, además, en ningún caso tendría que pararse: en 2025, el parque móvil catalán tendría que contar con más de 15.000 electrolineres de acceso público. Es decir, en poco más de dos años, el país tendría que triplicar su infraestructura de carga para situarse en los mínimos establecidos por la Comisión Europea.
Si Cataluña se encuentra lejos de su meta en cuanto a electrificación del parque móvil, España todavía lo está mucho más. De hecho, todo y las claras carencias en cuanto a infraestructura, el territorio catalán es con mucha diferencia lo mejor equipado del Estado en cuanto a densidad de cargaderos públicos. Las carreteras catalanas, según Anfac, duplican los puntos de recarga instalados de las madrileñas, por ejemplo.
De hecho, el territorio de la capital tiene todavía más prisa para mejorar: los poco más de 2.500 cargaderos que operan ahora mismo a las vías de Madrid se tendrían que convertir –por crecimiento del mercado eléctrico y volumen de parque móvil– en unos 11.700 en solo seis meses. Si Cataluña tiene que triplicar su infraestructura en poco más de dos años, el centro de la península tendrá que multiplicarla por 10 antes de que acabe el 2025 si quiere cumplir con las guías comunitarias.
Problema administrativo
El sector privado lanza deja claramente al tejado de la administración la pelota del bloqueo de la infraestructura de recarga. Cataluña concentra, de hecho, algunas de las principales fabricantes de cargaderos eléctricos del Estado, muchas de ellas concentradas alrededor de los Pertes de Seat y lo hub de QEV Technologies. La falta de inversión y las enormes dificultades administrativas que los gobiernos territoriales y del Estado ponen para instalar estos aparatos son todavía el principal escollo para lograr el nivel de electrificación que reclama Bruselas.
En este sentido, el director de la patronal Anfac José López-Tafall argumenta que «los objetivos europeos no se cumplen solo con el esfuerzo de las empresas». «En materia de despliegue es imprescindible un compromiso del gobierno» –un compromiso que, a estas alturas, no se está dando–. Según el empresario, el sector se enfrenta a «objetivos políticos cada vez más exigentes en materia de emisiones» imposibles de cumplir sin que las administraciones abren el camino a la infraestructura necesaria. «El desarrollo de puntos de recarga es esencial para el despliegue del coche eléctrico, y todavía tenemos mucho camino para hacer», constata.
