La Comisión Europea ha dado luz verde en el plan español de ayudas para la producción de baterías para vehículos eléctricos y conectados. El proyecto, que cuenta con un paquete de 837 millones de euros, se enmarca dentro de la estrategia comunitaria de impulso a «la producción en industrias limpias», el conocido como Plan Industrial del Pacto Verd que la presidenta Ursula von der Leyen puso sobre la mesa a principios de año para competir con la IRA de Joe Biden.
Según ha avanzado el gobierno español, la línea de ayudas va dirigida a empresas que hagan la producción completa de las baterías para el vehículo eléctrico, así como aquellas especializadas en sus componentes o materias primas básicas, con diferentes asignaciones económicas. El ámbito de las baterías podrá contar con subvenciones de entre 100 y 300 millones de euros por beneficiario; mientras que las firmas de componentes recibirán un máximo de 100 millones. En el caso de las inversiones en materias primas, el tope se queda en los 25 millones de euros. Las ayudas se concederían entre el presente curso y el 31 de diciembre del 2025.
Incentivo a la transición eléctrica
El principal argumento de la Comisión Europea para aceptar la propuesta de Moncloa es la «adecuación y proporción» de las ayudas a las necesidades comunitarias en cuanto a la transición ecológica. Desde Bruselas, en este sentido, buscan iniciativas de los países miembros que «aceleren la transición ecológica y faciliten el desarrollo de determinadas actividades económicas». Así, una dedicación de la industria del automóvil española podría, dentro del marco de actuación del ejecutivo europeo, asistir en la «transición hacia una economía con cero emisiones limpias».
Libertad de ayudas públicas
La decisión de la CE se inserta dentro del Marco Temporal de Crisis y Transición, una nueva referencia para la ejecución de ayudas estatales dirigidas a proyectos de transición ecológica. Bruselas, desde su aprobación el pasado mas de marzo, ha puesto un importante foco en aquellas iniciativas empresariales centradas a la eliminación de los combustibles fósiles –como por ejemplo el impulso del vehículo eléctrico–. Así, de la mano de este framework, los estados miembros tienen más margen para dedicar parte de su presupuesto a subvenciones tractoras de la actividad empresarial en estos ámbitos.
