La crisis de la vivienda en el estado español es una realidad y Cataluña no es la excepción. En los últimos meses, desde que se formó el nuevo gobierno, el recientemente incorporado ministerio de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez ha empezado a agilizar los trámites de la nueva ley, en una dirección, pero, que no ha gustado en Cataluña. En una entrevista con
Rodríguez ha defendido que el índice del alquiler “será útil en las zonas tensadas porque compuerta el control de los precios”, y ha remarcado que mejora el indicador previo de la Generalitat, que fue declarado inconstitucional. Rodríguez también ha reconocido la decisión de Cataluña de “no inhibirse y asumir su responsabilidad”, y ha destacado el esfuerzo y trabajo de los técnicos del Gobierno. “Puedo entender la discrepancia, pero hay cuestiones que exceden los acuerdos políticos. El indicador es un método científico”, ha dicho. Según ella, el pequeño propietario no saldrá perjudicado con este índice, y la presidenta madrileña “no aguantará la presión” y tendrá que aplicarlo.
“Pararemos el incremento de los precios y, por lo tanto, posibilitaremos que las familias ahorren entre 1.500 y 800 euros en el mes”, ha afirmado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana. Ella misma ha pedido a las comunidades que no vuelen aplicarlo que “atiendan la demanda de la ciudadanía, que se hagan cargo que su responsabilidad es atender el derecho de acceso a la vivienda, y sobre todo que no pueden eludir dramas sociales que impliquen destinar más del 40% del salario al alquiler, no el 80% o el 100%”. Según Rodríguez, “el que no puede ser es que para darle un puntapié en el gobierno profundicen en la gran herida social”.
Ayuso, una piedra en el zapato por el ministerio
A pesar de que Cataluña haya llevado algunos problemas con la aplicación de la ley y continúen luchando para usar su índice, hay una persona que todavía se ha posicionado más en contra. En el caso concreto de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ella misma ya ha asegurado que no es un índice coherente y que no lo quiere aplicar. En respuesta en estas declaraciones, la ministra Rodríguez confirma que Ayuso no podrá aguantar la presión de la sociedad “que sabe que si ella actuara estaría pagando 1.000, 800 o 500 euros menos de alquiler”. “Y que no lo hace porque ella solo persigue hacer daño en el gobierno de España”, ha añadido.
Los alojamientos turísticos van aparte
En cuanto a los alquileres turísticos, la ministra de Vivienda también ha apuntado que hay datos que indican que los alojamientos turísticos han incrementado el precio del alquiler residencial. El gobierno español valora la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para considerarlos un negocio y, por lo tanto, una actividad económica con respondidas también desde el punto de vista fiscal. “El modelo de ciudad que volamos no es un parque temático, no es un ronquido de maletas continuo. Queremos ciudades habitables”, ha destacado.
