El gobierno español ha aprobado este martes cambios en la empresa Sepes. Un movimiento que busca hacer efectivo el anuncio estrella, en materia de vivienda, del presidente español, Pedro Sánchez, en el congreso pasado del PSOE. «El gobierno creará una gran empresa pública de vivienda, capaz de construir y gestionar vivienda desde la Administración General del Estado», sentenció el día que se consolidaba como secretario general del partido. Pero Sumar, socio de gobierno del PSOE, ha renegado públicamente de la empresa. «No se puede anunciar la creación de una agencia pública de vivienda y al mismo tiempo malvender los pisos de la Sareb a fondos buitre», criticó la portavoz del partido en el Congreso, Verónica Martínez.
La portavoz de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha apoyado a diferentes manifestantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que han reclamado, a las puertas del hemiciclo, la suspensión indefinida de los desahucios. Martínez criticó el problema de la vivienda, que considera «estructural», y ha avisado que no se solucionará «con medidas parciales como una empresa pública». La portavoz de Sumar insiste en un «plan integral» con medidas «a corto, a medio y largo plazo», que implicarían, dice Martínez, crear una inmobiliaria pública «que no privatice sus activos», en una clara referencia a la Sareb.
La idea del gobierno español es destinar «todos los recursos» disponibles en el Estado para hacer grande la nueva empresa. En este sentido, la titular de vivienda Isabel Rodríguez remarcaba, en una entrevista a El País, que el ejecutivo «también todo lo que podamos disponer de la Sareb para dar respuesta a las políticas de vivienda o al despliegue de estos suelos lo gestionaremos a través de la nueva empresa pública».
Retirar el financiamiento a los gobiernos del PP
La portavoz de Sumar en el Congreso también ha pedido al gobierno español que retire el financiamiento a los gobiernos autonómicos del PP, que se niegan a aplicar la ley de regulación de alquileres. En este sentido, desde Sumar piden a Sánchez que no envíe «ni un euro de ayudas estatales» a los gobiernos que no apliquen la ley de vivienda «hasta lograr el límite de alquiler en las zonas tensionadas, acabar con los alquileres turísticos ilegales y poner fin a los abusos del alquiler de temporada y por habitaciones».
