La crisis de la vivienda golpea cada vez con más fuerza la estabilidad económica de los locatarios. Con el aumento de los precios, los inquilinos se ven abocados a la vulnerabilidad, puesto que cada vez supone un esfuerzo más grande pagar la renta. Esta situación, provocada por la carencia de oferta de pisos ante la inmensa demanda, tensa el mercado y enturbia la relación de propietarios y locatarios. Barcelona es uno de los puntos donde la tensión es cada vez más alta, puesto que son muchas las personas que buscan vivir en la capital y cada vez son más las que no se lo pueden permitir. La primera solución administrativa que se ha buscado al problema de la vivienda es la implementación de una ley española de la vivienda que, lejos de mejorar la situación, se ha quedado corta para los locatarios y ha minado la confianza de los propietarios en las administraciones. Ya son innumerables las entidades que piden más alternativas de distensión del mercado. Entre ellas, los alquileres concertados, una fórmula donde los propietarios ceden el piso a la administración pública y esta lo realquila a un precio más bajo, pagando la diferencia con capital público. Los últimos a ponerlo sobre la mesa, el Cercle d’Economia, en las conclusiones de su última nota de opinión. Los expertos aseguran que es una medida suficiente beneficiosa a corto plazo, pero que solo se está utilizando para atrasar la construcción de vivienda pública. Aparte, la práctica sin un tope claro, se puede convertir en una nueva causa de encarecimiento de la vivienda, el que vuelve la crisis por el precio del alquiler en el punto de partida.
«El efecto que provoca el alquiler concertado se traduce en un aumento de los precios y a la vez la incorporación dentro del mercado de demanda que sí que puede pagar los precios de mercado», explica Jaime Palomera, codirector de Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA). Para él, esta medida solo es una estrategia para continuar aplazando la construcción de vivienda pública, el que ha probado ser la única solución a la crisis actual. «Estos métodos ya se utilizan en la actualidad y de momento no se han visto mejoras», dice el experto, que argumenta que en muchos casos se destina más presupuesto a esta fórmula a corto plazo y no a propuestas de valor añadido a años vista. La opinión de Palomera es compartida por otros expertos que también pronostican que con la implementación de más alquiler concertado «habría una subida de precio», tal como anuncia Paco Campos, director de ViSO y fundador de la compañía WeRent. Así pues, una medida que tendría que suponer ser la solución para la crisis produce el efecto contrario: «En vez de reducir las personas en situación de vulnerabilidad, se amplían», lamenta Palomera.
En el escrito presentado el pasado martes, el Cercle exigía una serie de medidas claves para revertir la crisis de vivienda, entre ellas los famosos alquileres del Govern, pero también más facilidades por los jóvenes a entrar al mercado de compra de pisos o poner a disposición de constructoras suelo edificable. «Con un gasto de unos 5.000 euros en el año por persona, Barcelona podría ahorrarse parte del que gasta en pensiones para realojar familias desahuciadas», calculaba en rueda de prensa del organismo el director general del Cercle, Miquel Nadal. Una alternativa, pues, que según la institución podía ser beneficiosa por todas las partes implicadas en el mercado de vivienda, pero que otros expertos reconocen que no es la solución más eficiente a largo plazo. «Si no va acompañada otras medidas que puedan ayudar a la mejora de esta situación, la normativa queda en nada», explica el jefe de estudios del portal pisos.com, Ferran Font.
A la poca eficacia de esta propuesta se le suman otros factores. El primero es que tal como afirma Palomera y confirman los datos proporcionados por el departament de Territori, el éxito de los alquileres concertados actualmente en la capital catalana -y también al resto del país- es cuestionable. En este sentido, el programa Reallotgem es una fórmula de alquiler concertado a la catalana que en Barcelona, de momento, solo cuenta con 128 viviendas. Una de las razones que explican esta situación es la carencia de confianza de los propietarios en la administración pública, a causa de la aprobación de la ley de la vivienda, que protege más a los locatarios -quienes son los vulnerables y más afectados- que los propietarios. En cuanto a este segundo grupo, además, el codirector de IDRA menciona que son los primeros a escudarse en las ayudas del Govern para subir los precios. «Son medidas que no dan ningún tipo de seguridad a los locatarios«, explica Palomera. El fundador de WeRent, en cambio, a pesar de reconocer la tendencia al alza que sufrirían los precios, confirma convencido que los propietarios querrían adherirse a una normativa como esta, porque «a pesar de que se reduzca la rentabilidad del inmueble, aumenta la seguridad». En otras palabras, a pesar de que los pisos que realquila el Govern se paguen a un precio más reducido respecto del de mercado, hay la certeza para el propietario que no habrá impagos, porque es la misma de administración pública quién se hace cargo de esta situación. Una opinión que Palomera no comparte, y asegura que la subida de precios volvería a ser bastante alta para que las familias vulnerables volvieran a ser los últimos beneficiados de esta norma.
Dublín, el ejemplo problemático del Cercle
En la presentación de la nota de opinión, el Cercle d’Economia ponía Dublín, la capital de Irlanda, como un modelo de éxito de estos alquileres concertados. Según Palomera, pero, la iniciativa de los irlandeses no solo está hecha en un mercado diferente al barcelonés, sino que aparte ha probado no ser tan eficiente como parece. En este sentido, el experto habla de dos grandes programas, pero que en ningún caso se utiliza la nomenclatura de alquiler concertado. El primero es el llamado
Las alternativas del Govern que ya existen
Las alternativas del Govern a este alquiler concertado que reclama el Cercle d’Economia ya existen, pero son muy escasas. En primer lugar, como ya anuncian los expertos, «son medidas cortoplacistas y, por lo tanto, no tendrían que suponer una situación única y definitiva», como describe Font. En segundo lugar, parece que la falta de conocimiento y desconfianza de los propietarios no juega a favor de las medidas del Govern. Según los datos que ha aportado departamento de Territorio -a través de la Agencia de Vivienda de Cataluña- las viviendas del parque privado de alquiler captados desde el programa Reallotgem para resolver situaciones de exclusión residencial suponen solo 500 contratos de pisos. La previsión, pero, es que esta cifra llegue a los 1.700 a finales del 2024. En el caso de Barcelona, las viviendas no pueden superar el umbral de precio máximo de 900 euros y una vez escogida, es alquilado directamente por la Agencia de la Vivienda de Cataluña, quién asume los costes de alquiler y se destina a casos de personas con resolución favorable de la mesa de emergencias o casos del marco de acción del abordaje del sinhogarismo, con el correspondiente seguimiento social por parte de la administración pública.
El segundo programa se denomina Garantim, y apoya a aquellas familias que no pueden pagar el alquiler con una subvención. Lejos de volver a ser una respuesta exitosa, los datos demuestras que en toda Cataluña, entre el 2022 y el 2023, solo se ayudaron 60 familias vulnerables en toda Cataluña. Ambas normativas se han pactado para intentar paliar los efectos de la crisis de la vivienda que sobre todo afectan personas vulnerables, pero se convierten en alternativas escasas que pasan desapercibidas por la mayoría de locatarios. «El número de locatarios vulnerables crece cada día», asegura Palomera, que junto con otros expertos reconocen que estas alternativas -tanto las vigentes como las que propone el Cercle- solo son pegados para intentar tapar un problema mayor: la carencia de vivienda pública.
