El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, ha apostado por la electrificación de las infraestructuras a todos los niveles, asegurando que, por ejemplo, le «parece una barbaridad» que hoy en día al Puerto de Barcelona los cruceros no estén conectados en la red eléctrica. De hecho, el presidente de la corporación barcelonesa considera que el problema no es que los cruceros estén al Puerto de Barcelona, sino que no tengan las infraestructuras necesarias para consumir energía renovable. Santacreu ha hecho estas declaraciones en un coloquio sobre la emergencia climática organizado por el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, junto con la regidora de Barcelona, Janet Sanz.
Hay que recordar que el Puerto de Barcelona prevé que la electricidad llegue al muelle Adosado de cara al 2026, mediante la construcción de siete conductos subterráneos que lo conectarán con el muelle de la Energía, la licitación de la cual se aprobó en mayo.
El aeropuerto tiene que ser más sostenible
Santacreu también se ha vuelto a posicionar sobre la situación actual del aeropuerto asegurando que el que le gustaría «que Barcelona tenga el aeropuerto más sostenible del mundo», al mismo tiempo que ha pedido que todos los agentes implicados apoyen a los nuevos planteamientos de aviación con combustibles poco contaminantes.
Por su parte, Sanz ha comentado que «no puede ser que estos cruceros y aviones continúen consumiendo combustibles fósiles como si nada» y ha reclamado una reflexión sobre el modelo económico. En esta línea, ha pedido un equilibrio entre el crecimiento y el decrecimiento y la prosperidad y el bienestar social: «Claro que tenemos que poder continuar viajando, pero diferente».
Deberes a los empresarios
Por otro lado, Santacreu también ha asegurado que es imprescindible que las empresas y las administraciones empiecen a mesurar sus niveles de emisión gases contaminantes para poderlos reducir: «Hay gente que se muere porque no abordamos el tema del cambio climático» ha sentenciado. Sanz, por su parte, ha asegurado que las empresas no están en contra de la reducción de las emisiones, sino que piden seguridad jurídica y una planificación.
