El gobierno español intensifica la purga de pisos turísticos ilegales del mercado residencial. El presidente, Pedro Sánchez, ha notificado este sábado cerca de 54.000 viviendas ilegales a las plataformas de oferta para que las eliminen. Todos ellos habían solicitado el número de registro obligatorio, tal como exige la ley española; pero no cumplen los «requisitos legales» para ofrecerse en el sector de la economía del visitante. Del total, unos 7.700 de los inmuebles señalados están en Cataluña, según ha precisado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
Según ha sentenciado Sánchez, la Moncloa busca forzar a los propietarios a devolver los pisos al mercado regular, que sí debe moverse dentro de los límites de la ley española de la vivienda. «A partir de este lunes, exigiremos a las plataformas la eliminación de los pisos turísticos. Así, pasarán a ser de alquiler permanente para los jóvenes y las familias de este país», ha avanzado en un acto político del Partido Socialista en Málaga. Las solicitudes revocadas suponen el 20% de todos los pisos que han solicitado entrar en el registro oficial de pisos turísticos, unos 336.497 desde el 1 de enero. «Así es como se lucha contra los abusos y se protege el derecho a una vivienda digna y asequible», ha celebrado Illa en un mensaje en su cuenta de la red social X.
El liderazgo andaluz y «la anomalía» madrileña
Cataluña, según los datos del ministerio de Vivienda, es el tercer territorio del Estado con más pisos turísticos irregulares revocados por la Moncloa. Solo la superan Andalucía, con más de 16.740 inmuebles que no cumplían los requisitos legales; y Canarias, con cerca de 8.700. Le sigue de cerca la Comunidad Valenciana, que verá reducido su parque de alquiler turístico en unas 7.500 unidades. Por su parte, el departamento que dirige Isabel Rodríguez ve una «gran anomalía» en los datos de la Comunidad de Madrid, donde el 83% de las solicitudes dirigidas al gobierno español procedían de pisos de alquiler temporal, mientras que solo un 17% correspondían a pisos turísticos. En el caso de la región de la capital española, más de un millar de demandas han sido revocadas, un tercio del total.
Airbnb resta importancia a la orden
La principal plataforma del sector, Airbnb, ha respondido al anuncio de Sánchez reiterando su «compromiso proactivo» con la regulación española. Según ha argumentado la empresa en un comunicado, la mayoría de sus ofertas «muestran hoy número de registro». De hecho, los alojamientos legales son «mayoritariamente preferidos por los viajeros» y, por tanto, la pérdida de los 54.000 alquileres irregulares «no tiene un impacto comercial significativo para la empresa». «Creemos que nuestra contribución ayudará a dar forma a un futuro sostenible para los alquileres a corto plazo en el Estado», razonan. Además, han llamado al resto de plataformas de alquileres de temporada a «unirse a los esfuerzos de transparencia» de cara a las «autoridades locales»:
