La aerolínea low-cost Ryanair ha anunciado este viernes que impugnará «inmediatamente» las multas «ilegales e infundadas» que ha impuesto el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sobre la política de equipajes a la aerolínea irlandesa y cuatro compañías más. Ryanair, que ha sido la aerolínea sancionada con más dureza por parte del gobierno español, ha recibido una multa de 107,7 millones de euros. En un comunicado, la compañía defiende que las políticas de equipajes son legales y han sido aprobadas tanto en tribunales españoles como europeos. De hecho, el consejero delegado de la compañía, Michael O’Leary, ha elevado el tono y ha añadido que las multas son «inventadas», atribuyéndolas a «razones políticas» que «violan claramente la legislación de la Unión Europea».
En esta línea, el representante de la compañía ha querido dejar claro que mantendrá el mismo funcionamiento que el de los últimos años -por el cual el gobierno español la ha acabado sancionando: «Durante muchos años, Ryanair ha utilizado tarifas por equipaje y check-in en los aeropuertos para modificar el comportamiento de los pasajeros, transformando en ahorro de costos a los consumidores en forma de tarifas más bajas», ha apuntado O’Leary. El consejero delegado de la aerolínea se ha mostrado convencido de que las multas serán anuladas y ha alegado que las sanciones «destruirían la capacidad de las aerolíneas de bajo coste de generar ahorro para los consumidores mediante tarifas más económicas».
Las prácticas abusivas que el gobierno español ha sancionado
Aunque la aerolínea low-cost ha asegurado que sus prácticas son legales y están avaladas por la justicia, tanto la española como la europea, el gobierno de Pedro Sánchez considera que estas cinco compañías -Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea- llevan a cabo prácticas abusivas. Concretamente, el Ministerio de Consumo señala estas cinco prácticas:
- Exigir el pago de un suplemento por el transporte de equipaje de mano en cabina (artículo 47.1 TRLGDCU, letra j).
- Exigir el pago de un sobrecoste sobre el precio del billete por la reserva de asientos contiguos en el caso de menores y personas dependientes y de sus acompañantes (artículo 47.1 TRLGDCU, letra j).
- No permitir el pago en efectivo en los aeropuertos españoles (artículo 47.1 TRLGDCU, letra ñ).
- Imposición de una tasa desproporcionada y abusiva a los pasajeros por la impresión de la tarjeta de embarque (artículo 47.1 TRLGDCU, letra j).
- Omisiones engañosas de información y falta de claridad en los precios publicados tanto en su propia web como de terceros, dificultando la comparabilidad de ofertas de precios a los consumidores y la toma de decisión por estas (artículo 47.1 TRLGDCU, letra m).
