La crisis de los precios de los alquileres y la carencia de accesibilidad a las viviendas es el sexto problema más importante por los habitantes del estado español, según la última encuesta del CIS. Es por eso, que entidades y administración pública continúan presentando alternativas, ideas y propuestas para liberar la tensión de un mercado que ha pasado a ser un lujo en vez de un derecho básico. Ahora bien, no siempre las opciones que se proponen son compartidas por unos y otras. Un caso claro ha sido la aparición de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez en el Cercle d’Economia donde después de agradecer que hayan contado con su presencia, se ha desmarcado de algunas -o todas- las opiniones más firmes sobre la crisis del sector que ha presentado esta semana el organismo en la suya nota de opinión, a pesar de que ha coincidido con el diagnóstico general: hay que construir mucho más parque de vivienda pública.
El empresariado catalán se ha quejado de tensión actual del sector y ha puesto sobre la mesa la creencia que la ley de la vivienda no ha sido una medida que ayude a la distensión del mercado, sino más bien el contrario. De hecho, el socio del despacho Cuatrecases, Miguel Trias ha pedido «rectificación» y ha propuesto a la ministra, con el aplauso de los miembros del Cercle, volver atrás igual «que se hizo con la ley del
Para los representantes del Cercle, la situación de emergencia que describe la ministra y por la cual se ha incrementado la protección a las familias, «solo afecta una parte de la sociedad». Así lo ha expresado Miquel Nadal, director general del organismo, quien ha recordado que «las familias vulnerables y los jóvenes, a pesar de ser un grosor importante de la sociedad, solo son dos colectivos». Lejos de alinearse con estas declaraciones la ministra ha argumentado que la vivienda «es un problema generalizado y global» y, por lo tanto, necesita medidas estrictas y directas. De hecho, ella misma ha explicado que la gran mayoría de los ciudadanos del estado español «dedican más de un 30% de sus ingresos a pagar el alquiler o la hipoteca». Además, ha lamentado que «ni los trabajadores públicos tienen un acceso fácil a la vivienda», refiriéndose que el sueldo baso de los funcionarios ya no es suficiente para optar por un alquiler en condiciones a un precio asequible. Con todo, pues, Rodríguez ha recordado a Navidad que «la crisis de la vivienda es transversal» y que por esta razón el gobierno de Pedro Sánchez «ha decidido crear un ministerio dedicado a esta cuestión».
El bloque más comprometido y criticado por los empresarios, si se puede elegir uno, ha sido la ley de vivienda y todos los «quebraderos de cabeza» que ha llevado a los propietarios y grandes tenedores. El Cercle se ha quejado a la ministra de la carencia de protección de los propietarios, el que propicia -según ellos- la salida de inmuebles del mercado de alquiler. Rodríguez ha rebatido, con los datos del mismo ministerio, esta medida problemática de la ley por los tenedores catalanes. Lejos de conceder que el tope de precios haya centrifugado inmuebles del mercado de arrendamiento, la ministra asegura que el parque residencial se va empezar a reducir ya el 2019, “mucho antes que se aplicara la nueva normativa”. De este modo, Rodríguez ha destacado que era necesario poner un índice de precios que marcara un máximo de precio a pagar por los españoles, puesto que «en situaciones excepcionales, hacen falta medidas excepcionales», ha espetado. En cuanto a la morosidad, es decir, la eterna preocupación de los empresarios por el posible impago los inquilinos, la ministra de Vivienda ha confirmado que «es irrelevante». Además, Rodríguez ha culpado las «comunidades autónomas» que no haya garantías contra los impagos, tal como pedía la asociación en una nota de opinión publicada esta semana. Estas declaraciones han ido acompañadas de un silencio a la sala, seguido de algunas caras de incrédulos que replicaban a la ministra con una sonrisa irónica.
Una alianza de país por la vivienda pública
La única medida que ha parecido calmar las aguas en este pequeño debate en el Cercle ha sido la construcción de vivienda pública. Tanto los empresarios catalanes como la representante del gobierno español han reconocido que el principal problema del mercado actual es la carencia de oferta y, por lo tanto, esta situación sube los precios de los alquileres. Dicho esto el Cercle ha reclamado más inversión para hacer parque de vivienda pública, el que inevitablemente tendría que pasar por un aumento de la colaboración público-privada. Rodríguez también ha estado de acuerdo con este reclamo y ha dicho que ya hay algunos prototipos en marcha con los cuales muchas empresas «han estado de acuerdo al participar». Rodríguez ha detallado que el gobierno español ha superado el objetivo de financiar 25.000 viviendas de alquiler social con ayudas de los fondos europeos «antes de que finalice el 2026». También ha detallado que el plan estatal de vivienda empezará a trabajarse a partir del mes de junio para analizar bien como se vehicularán las inversiones estratégicas para reactivar el parque de vivienda pública y situarlo del 1,5% actual al 9% del total.
Aun así, los empresarios catalanes han expresado la necesidad de contar con el sector privado para hacer todas estas inversiones y han recordado que las restricciones a las promotoras que aplica la nueva ley, es decir, la obligatoriedad que un 30% de las nuevas promociones sean por alquiler asequible- limitan la posible inversión extranjera: «Necesitamos atraer todavía más inversión y tenemos una política que no lo permite del todo», ha recordado el director general del organismo. Por los empresarios, pues, la colaboración público-privada implica dar beneficios a los propietarios y grandes tenedores, puesto que con más seguridad jurídica y privilegios, verían más acertado que tuvieran que dedicar parte de su «producto» a una causa social. Una opinión que Rodríguez ha esquivado y ha remarcado la importancia de nuevas iniciativas como por ejemplo el Proyecto 6 para la construcción de parque público: «Funciona correctamente, tenemos muchos promotores interesantes y está dentro de los parámetros de la nueva ley», ha recordado la ministra.
