La Diputación Permanente del Parlamento ha rechazado el decreto del Govern para regular el alquiler de temporada por los votos en contra de Junts, Vox, Cs y PPC y la abstención del PSC. A pesar de que todos los grupos han coincidido que hay un problema de vivienda en Cataluña, solo ERC, comunes y CUP se han mostrado partidarios del decreto de la consellera de Territorio en funciones, Ester Capella. Ella misma ha defendido que tumbar esta mesura mujer garantizabas a la especulación y, por lo tanto, es necesaria para mantener a raya el aumento incontrolado de precios de este mercado. Para PSC y Juntos, pero, la situación es diferente. Los partidos han argumentado que el decreto no había sido pactado ni trabajado con todos los actores afectados. Por su parte, la líder de los comuns, Jéssica Albiach, ha lamentado la posición de los socialistas ha advertido que la regulación de alquiler será una «condición imprescindible» por un acuerdo de gobierno.
La crisis de la vivienda ha vuelto a crear tensiones entre los partidos políticos este jueves. En este sentido, la regulación del alquiler de temporada que presentó hace unos meses el Gobierno no se hará realidad, porque la mayoría de los partidos han decidido votar en contra. Sin embargo, casi todos han coincidido a afirmar que hace falta regular el mercado de alguna manera, pero segundos PSC y Junts, la norma del Gobierno -que solo ha sido aprobada por la CUP- no tiene en cuenta los actores afectados, como por ejemplo los mismos propietarios de estas clases de alquileres. Es por eso que han concluido que no es una medida que pueda ser eficiente y efectiva.
Rechazo a la regulación «exprés»
En abril, Capilla anunció que el ejecutivo de Pere Aragonès había aprobado un decreto ley de urgencia para evitar la “picaresca” de los propietarios con los “falsos” pisos de alquiler temporal. Este decreto hacía que se aplicaran las normas del alquiler también en los pisos de alquiler temporal, que tendrían que dejar claro en el contrato el motivo de la temporalidad y adaptarse al tope del alquiler que establece la ley estatal. En caso de no seguir las normas, los propietarios se exponían a multas de entre 3.000 y 900.000 euros. La consejera de Territorio aseguró que entraría en vigor de manera inmediata, pero que haría falta la validación de la Diputación Permanente, una luz verde que este jueves, un mes después del anuncio, no ha estado posible.
