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Nueva denuncia contra Ryanair y Vueling por cobrar el equipaje de mano

La Organización de Consumidores Europeos (BEUC, en sus siglas en francés) ha denunciado ante la Comisión Europea y la red europea de consumidores a siete aerolíneas, entre ellas Ryanair y las españolas Vueling y Volotea, por prácticas abusivas como cobrar el equipaje de mano. “Tomamos medidas contra siete aerolíneas que están explotando a los consumidores e ignorando el máximo tribunal de la Unión Europea, que ha dictaminado que cobrar el equipaje de mano de tamaño razonable es ilegal”, ha explicado el director general de la BEUC, Agustín Reyna, que representa organizaciones de consumidores de una docena de países. Hace medio año, el Ministerio de Consumo español impuso una multa histórica de 179 millones de euros a cinco aerolíneas de bajo coste por el mismo concepto.

Reyna ha reclamado a la Comisión Europea que aproveche la revisión del reglamento de derechos de los pasajeros aéreos que se está negociando en Bruselas para aclarar los “servicios que deben incluirse en el precio básico del billete”, ya que a menudo los viajeros dan por hecho que con la tarifa básica podrán embarcar con una bolsa pequeña y una maleta de equipaje de mano. La acción de la Organización de Consumidores Europeos está dirigida contra Easyjet, Norwegian Airlines, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling y Wizzair y cuenta con el apoyo de 16 organizaciones de 12 países. La polémica de los equipajes de mano viene de lejos, ya que en 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que las aerolíneas no deberían cobrar un suplemento siempre que cumpla unos requisitos “razonables” tanto de peso como de tamaño y no contravenga los “requisitos de seguridad aplicables”.

Viajeros con maletas en el Aeropuerto del Prat / Europa Press
Viajeros con maletas en el Aeropuerto del Prat / Europa Press

La multa del gobierno español, en Bruselas

Hace unos meses, el Ministerio de Consumo español multó con 179 millones de euros a Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea, todas cinco en el punto de mira de la BEUC, por diversas prácticas abusivas como obligar a pagar por el equipaje de mano, cobrar un recargo por elegir asiento o no permitir los pagos en metálico. Consumo, que había abierto un expediente a finales de 2023 tras una denuncia de Facua, asegura que se trata de políticas muy extendidas entre las aerolíneas de bajo coste. Las multas se consideran ejemplares y se reparten de la siguiente manera: Ryanair (107,8 millones), Vueling (39,3 millones), EasyJet (29,1 millones), Norwegian (1,6 millones) y Volotea (1,19 millones).

Las aerolíneas han llevado el caso a la Comisión Europea, que comenzó a examinarlo a principios de año y ha pedido más información a España. Fuentes comunitarias han explicado a Europa Press que el gobierno español ha enviado toda la documentación requerida y que los servicios técnicos aún la están evaluando.

Según informó Consumo en su momento, las prácticas abusivas multadas son estas:

  • Exigir el pago de un suplemento por el transporte de equipaje de mano en cabina (artículo 47.1 TRLGDCU, letra j).
  • Exigir el pago de un sobrecoste sobre el precio del billete por la reserva de asientos contiguos en el caso de menores y personas dependientes y sus acompañantes (artículo 47.1 TRLGDCU, letra j).
  • No permitir el pago en metálico en los aeropuertos españoles (artículo 47.1 TRLGDCU, letra ñ).
  • Imposición de una tasa desproporcionada y abusiva a los pasajeros por la impresión de la tarjeta de embarque (artículo 47.1 TRLGDCU, letra j).
  • Omisiones engañosas de información y falta de claridad en los precios publicados tanto en su propia web como de terceros, dificultando la comparabilidad de ofertas de precios a los consumidores y la toma de decisión por estas (artículo 47.1 TRLGDCU, letra m).

“Para garantizar la proporcionalidad y efectividad de las sanciones impuestas, así como su efecto disuasorio, el cálculo de las sanciones se ha realizado mediante el criterio del beneficio ilícito obtenido, es decir, calculando la multa con base a los beneficios obtenidos por las compañías aéreas por las prácticas infractoras”, razonaron desde el ministerio.

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