Solo 1 de cada 4 euros que se recaudan con impuestos vinculados a la vivienda se reinvirtieron en políticas residenciales durante el 2023. Aunque el estado español es uno de los países con los impuestos más altos en la vivienda de propiedad, su inversión es un tercio de la media de la Unión Europea en políticas de vivienda, según un informe conjunto de las cátedras de la UPF de APCE y de Tecnocasa.
Este informe, que ha analizado más de 25.000 habitantes, cuantifica en 5.000 millones de euros recaudados por 14 tributos e impuestos relacionados con la vivienda durante el 2023 en Cataluña. Esta cifra la compara con el gasto efectivo en materia de vivienda que se realizó: “tan solo” superó los 1.500 millones de euros. Esta cifra supone un 25% del total.
Esta proporción entre recursos recaudados e invertidos ha incrementado en los últimos años, desde el 2019 que se encontraba alrededor del 16%, por el efecto de los fondos Next Generation.
Este estudio también destaca que Sant Cugat, Sitges y Esplugues son los municipios que menos dinero destinan a estas políticas en relación con lo que reciben. En cambio, Salt, Olot y Santa Coloma son los municipios que tienen una proporción más alta entre recaudación e inversión.
Los datos del estado, lejos del estándar europeo
“Desde las administraciones públicas dicen que la vivienda es muy importante, pero cuando vas a buscar en las líneas presupuestarias donde dice qué le toca no hay casi nada”, ha dicho José García Montalvo, catedrático de Economía de la UPF y director de la cátedra Tecnocasa – Universitat Pompeu Fabra, que ha señalado que hay países como Francia, Países Bajos o Finlandia que gastan 10 veces más en estas partidas.
Según los cálculos de los autores del estudio, si durante los próximos años se destinara el 75% de esta recaudación a políticas residenciales, España podría acabar con el déficit de vivienda social y alinearse con los estándares europeos.
“Decir que la vivienda es el quinto pilar del estado del bienestar no se demuestra ni con discursos ni con regulación sino con recursos y haciendo inversión en una política de vivienda estable y sostenida en el tiempo”, ha afirmado Josep Maria Raya, catedrático de Economía Aplicada de la UPF y director de la Cátedra APCE – UPF.
Entre los problemas que han destacado en este informe se encuentra el bajo porcentaje de vivienda dedicada a alquiler social en el conjunto del estado español, solo un 1,13%. Desde el estudio se señala que esta cifra se encuentra muy por debajo de la media de 7,75% de la OCDE, del 21,2% de Dinamarca o del 37,7% de Países Bajos.
Otro problema es la poca elasticidad de la oferta en comparación con el resto de Europa que hace que “cuando los precios de la vivienda suben mucho” -como lo han hecho recientemente- la oferta reacciona “muy poco”.
