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La limitación del alquiler hace caer un 15% la oferta en Cataluña

El tope en el precio del alquiler se ha convertido en una cuestión muy debatida. En este aspecto, hay quien dice que es una medida que ayudará a destensar el mercado y hará que las personas puedan acceder de manera más fácil a la vivienda. Otra parte, pero, reconoce que esta regulación podría crear el efecto contrario, es decir, contraer el mercado y hacer que la oferta disminuya. Esta es la opinión que ha puesto sobre la mesa Anna Puigdevall, directora general de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC). Ella ha asegurado que en Cataluña ya se conocen las consecuencias negativas de la limitación de rentas. En una mesa redonda en la 5.ª edición del Congreso Nacional de Servicing Inmobiliario (CMS), la experta debatió con otras personalidades del sector y llegaron a la conclusión -entre otras muchas- que «si destináramos el 0,6% del PIB español a vivienda pública contaríamos con 8.000 millones».

«Una reducción de la oferta de alquiler en un 15%; la salida del mercado de los mejores activos por a uso residencial y la licitada de precio de los de menor calidad que estaban por debajo del límite; la no inversión de los propietarios en el mantenimiento de sus pisos por la imposibilidad de obtener una rentabilidad de la propiedad; la disminución de la inversión en real state; y un caos regulador a escala nacional por las diferencias entre comunidades autónomas en función de si aplican o no la limitación de rentas», ha dicho la directora general de la AIC. Así pues, la opinión de la experta ha remarcado que es de vital necesidad que haya una regulación, pero que no implique topar los precios, puesto que puede hacer que los propietarios no vean atractivo el alquiler y acaben cambiando su piso de modalidad, el que a la vegada reduce la oferta.

Un bloque de pisos en Barcelona / EP
Un bloque de pisos en Barcelona / EP

Por otro lado, Vicenç Hernández Reche, el presidente del AIC, también ha puesto el foco en que el problema del alquiler tiene que ser tratado «de manera transversal y con políticas nuevas de vivienda adaptadas a la situación real del mercado». En este sentido, ha asegurado que hacen falta políticas públicas y más presupuesto por la vivienda social, financiado por el gobierno. «Si destináramos el 0,6% del PIB español a vivienda pública, contaríamos con un presupuesto de 8.000 millones anuales en cuentas de los 1.000 millones actuales».

Un resultado contrario

Tanto Puigdevall como Hernández Reche han insistido que la regulación del mercado del alquiler «ha conseguido el resultado contrario al deseado», provocando «más dificultad de las personas con menos recursos para acceder al mercado». «Recordamos que con la licitada de tipo también se ha dificultado la compra por parte de los ciudadanos con menos recursos. Y esto se produce mientras tenemos un parque inmobiliario cada vez más deteriorado por la manca de inversión, un incremento de la desigualdad entre comunidades y una menor inversión y construcción de vivienda», han indicado ambos expertos.

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