El sector agrícola catalán ha abanderado, desde sus protestas a principios de 2024, la oposición al tratado de libre comercio con el Mercosur. El gran proyecto del segundo mandato de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, debía ser ratificado definitivamente el pasado mes de diciembre tras más de medio siglo de negociaciones estancadas entre las dos regiones económicas. Sin embargo, la oposición parlamentaria al tratado ha sido demasiado amplia, y la firma está paralizada a la espera de una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el encaje en los Tratados Fundacionales de los 27. Ante esta congelación, el sector del país respira aliviado y busca aprovechar el tiempo para revertir la apertura comercial hacia el Cono Sur. También lo hace, cabe decir, el conjunto de la estructura empresarial alimentaria, desde las grandes explotaciones ganaderas hasta la agroindustria. También entre las empresas dedicadas al procesamiento y empaquetado de alimentos califican el acuerdo de «desastre«.
Así lo ha advertido Josep Friguls, presidente de la Asociación Empresarial Cárnica (Anafric), que ha puesto el foco sobre el flujo de carne de bovino que entrará libremente en la Unión Europea a raíz del pacto. En una jornada sobre la industria agroalimentaria organizada por la patronal catalana de las pequeñas y medianas empresas, Pimec, Friguls ha alertado que la creciente presencia de producto latinoamericano -especialmente brasileño y argentino, los dos grandes productores de la región- en el mercado local «ataca la línea de flotación de los productores de bovino en Cataluña«. Entre otras cuestiones, advierte que los compradores del sector horeca -establecimientos hoteleros y restaurantes, principalmente- optarán por la carne latinoamericana, menos controlada en términos sanitarios y laborales, para ajustar sus márgenes. «Si se aprueba el tratado en el Parlamento Europeo, despidámonos de las ventas a los hoteles«, ha sentenciado.
El presidente de la organización agraria JARC, Joan Carles Massot, ha bajado el tono de Friguls, pero se ha sumado a la confrontación con el tratado del Mercosur. Según el líder agrícola, Cataluña debe entender que «de la misma manera que se nos abren puertas comerciales a nosotros, se debe entender que también las abrimos». Sin embargo, ve en la alianza comercial latinoamericana una amenaza más intensa que en otros casos, y exige a las instituciones comunitarias una intervención más decisiva para proteger al sector agrícola de los 27. Debe ser, además, Bruselas quien lo haga, y no las administraciones locales: «no permitiremos que vaya ni un solo euro del Departamento a resarcir el tratado del Mercosur. Debe ser Europa quien lo haga». A pesar de las alternativas, Massot aún ve las negociaciones con las cuatro potencias americanas como una «batalla»; una que «aún no está perdida».
Presiones políticas
Massot ha lamentado la intención de varios gobiernos europeos, entre ellos el español, de ignorar la investigación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el encaje del tratado en la normativa de los 27, y aplicarlo por la vía provisional invocando las competencias de la Comisión. «Intentaremos que no pase», ha anunciado; sumándose a la respuesta que los agricultores ya planifican para evitar que Pedro Sánchez y sus aliados comunitarios sigan adelante sin esperar la jurisprudencia en Estrasburgo. Friguls, por su parte, ha señalado a los europarlamentarios españoles: los de los grupos popular y socialista, mayoritarios en el Europarlamento, votaron hace dos semanas contra la revisión judicial del tratado, en conjunto con la mayoría de su familia política. Cabe recordar que, una vez el TJUE emita su dictamen, el Parlamento Europeo deberá convocar la votación definitiva para aprobar o no el acuerdo comercial. De cara a este horizonte, desde Anafric aseguran que se reunirán con representantes electos en la cámara para «revisar el acuerdo» y presentar las preocupaciones de la industria.
