La Generalitat ha comprado por tanteo y retracto 743 viviendas, de las cuales 487 se encuentran en Barcelona y su área metropolitana, al fondo inversor Divarian por 72 millones de euros. Esta operación se enmarca en el plan del Gobierno para alcanzar las 50.000 viviendas sociales hasta 2030 y ya ha adquirido más de un millar con las 450 viviendas que compró a Immocaixa fruto de una negociación por 30,5 millones. «Es la compra más grande que jamás se haya hecho por parte de la Consejería», ha dicho en rueda de prensa la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, para actualizar los datos del plan de la Generalitat que prevé incrementar el parque de vivienda pública.
Paneque ha explicado que se trata de viviendas que proceden de ejecuciones hipotecarias que pasaron a manos de alguna entidad financiera y que luego se vendieron a un gran tenedor, y en los pisos viven mayoritariamente familias procedentes del programa Reallotgem de la Generalitat. Mediante el programa, en el que hay 1.400 familias, la Generalitat alquila directamente la vivienda al propietario y garantiza el cobro de la renta de alquiler a través de un contrato de arrendamiento de acuerdo con la ley.
Tras la compra, las familias podrán continuar viviendo en sus inmuebles pagando un alquiler proporcional a los ingresos, y la Generalitat se ahorra 6 millones de euros anuales que invertía en estas viviendas. Sílvia Paneque ha lamentado que la mayoría de las familias han vivido desahucios anteriormente y ha defendido la operación para protegerlas y aumentar el parque de vivienda pública: “Es una medida contundente que va en la línea de defender el derecho a la vivienda”.
Una operación cerrada en cuestión de días
Como estas viviendas proceden de ejecuciones hipotecarias, la inmobiliaria del fondo norteamericano Cerberus se ha visto obligada a ofrecer la venta por un importe tasado y de manera prioritaria a la Generalitat, que ha cerrado la operación en cuestión de días porque la considera «muy interesante» por la distribución territorial de los inmuebles. En concreto, los pisos se encuentran en una treintena de comarcas diferentes, y donde hay más es en Terrassa (77), en la ciudad de Barcelona (66) y en Hospitalet de Llobregat (51), tres ciudades del ámbito metropolitano de Barcelona. Paneque ha explicado que si el Gobierno no hubiera ejercido el derecho de tanteo y retracto, el fondo habría sacado rendimiento económico de las viviendas en el mercado, lo que también ha considerado «legítimo».
Con esta operación, la Generalitat ya ha adquirido un total de 1.195 pisos a entidades privadas para agrandar el parque de vivienda pública desde el inicio de la legislatura del presidente Illa. Preguntada por si estudian otras operaciones similares, Paneque ha argumentado que «primero se tienen que producir y, en caso de producirse, tenemos que valorar si tenemos los recursos necesarios», pero ha recordado que el ejecutivo se encuentra en un contexto de prórroga presupuestaria. Además de esta fórmula que el ejecutivo de Illa ya ha ejecutado en dos ocasiones, la Generalitat prevé alcanzar 50.000 viviendas públicas en 2030 mediante la construcción de nuevos inmuebles, de los cuales ya hay 4.000 en marcha, y con los solares que prevén encontrar con la ayuda de los ayuntamientos.
Los Comuns recuerdan que es uno de los acuerdos de investidura
La líder de los Comuns en el Parlamento, Jéssica Albiach, ha celebrado la compra de las 743 viviendas por parte del Gobierno y, en un mensaje en X, ha recordado que ampliar el parque público con 5.000 viviendas adquiridas por tanteo y retracto, como se ha hecho en esta ocasión, era una de las “medidas prioritarias” del acuerdo de investidura. Así, ha dicho que el anuncio del ejecutivo supone “el primer paso” para el cumplimiento de este acuerdo. “Si queremos garantizar la vivienda como un derecho, también se necesitan acciones valientes para frenar la especulación”, ha sentenciado.
