El enemigo del movimiento por la vivienda ha cambiado mucho a lo largo de los años. La Clàudia, militante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en las Tierras del Ebro, lo ha vivido en carne propia. Tanto ella como su marido pierden el trabajo en 2008, con el estallido de la crisis financiera global, y se enfrentan a una hipoteca -antes más que dentro de sus posibilidades- inalcanzable. «En aquel momento luchamos mucho; peleamos por una dación en pago y un alquiler reducido» con la entidad que había otorgado el crédito. Años después -y con dos contratos de alquiler con la compañía ya firmados- se entera de que su piso ha sido vendido a Promontoria Real Estate, un fondo de inversión. «Durante el confinamiento me iban amenazando con desahucios. Yo les decía, traigan a los agentes, pero que vengan con mascarilla», bromea la activista. Pasado el trance, ella y su familia logran firmar un nuevo alquiler reducido hasta 2027. La calma, sin embargo, no se mantiene durante toda la vigencia. «Hace unos 20 días -explica a Món Economía- vemos que mi casa se está poniendo en los portales inmobiliarios», a un precio infinitamente más elevado que el que pagó en su día, antes de la Gran Recesión. «Entonces valía 120.000 euros, ahora, más de 300.000«, denuncia. Lo hace, además, desde un absoluto desconocimiento: si el piso se vende a otro fondo, se enfrentará -prevé- a nuevos intentos de echarla. Si es a un particular, «me pueden sacar el contrato para habitarlo ellos». «Cuando el piso era del banco, podía ir a la sucursal a armar un escándalo. Pero ahora, ¿dónde voy a buscar el fondo buitre?», lamenta.
Este mismo proceso, tal como demuestran los expertos citados en la primera Asamblea Popular Internacional por la Vivienda, se ha vuelto estructural en la mayoría de los mercados residenciales de occidente. Del modelo de propiedad urbana basado en la deuda -el gran causante, recuerda el investigador especializado Manuel Gabarre, de la burbuja inmobiliaria previa a 2008- se pasa a «la inversión masiva de fondos buitre: la financiarización 2.0», en palabras de la académica rumana Eniko Vincze, profesora en la universidad de Babeş-Bolyai. Los guardarraíles impuestos al crédito bancario en la última década y media tienen parte de culpa, pero no explican todo el fenómeno. De hecho, apunta Gabarre, «los fondos oportunistas vienen a suplir una parte del mercado a la cual la banca no podía llegar». «Las entidades financieras se enriquecían de la concesión de hipotecas, pero ¿cómo financiarizas el alquiler? No es tan fácil», añade. Antes, los contratos de arrendamiento eran, la mayor parte del tiempo -y con dos excepciones marcadas en Estados Unidos y en Alemania, como recuerda el investigador en la universidad de Uppsala Brett Christopher– entre particulares; «personas físicas y pequeñas empresas de gestión cuando la cartera era más significativa». Con las grandes ventas de patrimonio inmobiliario a raíz de los rescates de principios de la pasada década, sin embargo, los fondos buitre ven la oportunidad de apropiarse de un espacio en el que habían tenido dificultades para entrar. Antes de todo, recuerdan los expertos, la de entregar los pisos a estos vehículos de capital es una decisión política: «el Estado podría haber tenido un parque de vivienda pública de más de un millón de unidades, entre las de los fondos y las de la Sareb; pero elige descapitalizarse», acusan.
Para analizar este proceso -y para construir una oposición coordinada- la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca reúne en Barcelona desde el pasado jueves y hasta el domingo cerca de un centenar de colectivos en la primera edición de esta iniciativa. «No para poner en común experiencias, sino para enfrentar juntos a aquellos que se apropian del mundo extrayendo las partes centrales de la vida», denuncia el portavoz de la entidad, Juanjo Ramón, durante la presentación de las jornadas. En la trinchera contraria, lo que denominan los «fondos de extracción»: Blackstone, Cerberus, Lone Star y todos aquellos vehículos de capital que han marcado la realidad de la vivienda en la última década y media. Durante la Gran Recesión, recuerda Gabarre, «eran los únicos que tenían el capital disponible» para apropiarse de todos los activos tóxicos que la banca dejó ir. La consecuencia, en la experiencia de Clàudia, es una propiedad «mucho más agresiva». «Contratan gestoras de socimis, que cambian cada seis meses, para que nadie las pueda encontrar», alerta la militante; que constata cómo se hace imposible hacerles llegar una queja por el trato especulativo de sus hogares. «El hecho de que estos actores sean parte del mercado es la prueba más clara de que la vivienda no es para la gente; se ha convertido en una mercancía», afirma la representante de la European Coalition for the Right of Housing and the City -una red de movimientos de la cual la misma PAH forma parte- Stella Muci.
La expansión de este tipo de empresas tiene difícil freno, dado su gigantesco acceso a capital. Su negocio principal, de hecho, parte de la gestión de fondos privados -de pensiones, especialmente- en Estados Unidos, con una capitalización difícil de calcular. Además, disfrutan, como destaca Gabarre, de una ausencia total de fiscalización de sus cuentas, lo cual no puede decir la banca tradicional. «El mercado financiero regulado tiene estrictos controles; pero nadie sabe cuál es la solvencia de un fondo oportunista», comenta el investigador. Su actuación, sin barreras, puede llegar a ser «masivamente perjudicial» para el bienestar colectivo, en palabras de Christopher. El mismo experto denuncia cómo, en paralelo, el regulador elige mirar para otro lado a la hora de legislar para limitar su actividad. Similar es la opinión de Vincze, que denuncia cómo «estado y capital son camaradas cuando se trata del proceso de financiarización de la vivienda». «La ley crea nuevas oportunidades para el movimiento libre de capitales, y así los fondos penetran el desarrollo urbano y los mercados», denuncia la experta. El proceso, coinciden, es difícilmente reversible, más aún si las instituciones permanecen bajo el control de los «actores políticos mainstream». Las intensas campañas de lobby que perpetran las empresas han conseguido que «la clase política no vea los fondos como amenazas, sino como parte de la solución de la crisis», declara el investigador en Uppsala.
Una gestión «torpe» difícil de promover
Los fondos, de esta manera, son un claro ejemplo de «la economía vampírica» que denuncia el eslogan de las jornadas. «Son un modo de capital que no busca vender ningún producto, ni servicio a la comunidad, ni innovaciones», denuncia Luís Sanmartín, profesor de sociología en la Universidad Pompeu Fabra, en una intervención en las jornadas. Además, su acceso al dinero de los usuarios -a través de cuentas de pensiones, créditos al consumo, depósitos bancarios y otros montos que acaban invertidos- hace que contribuir sea difícil de evitar. «Es una dictadura financiera: compran estructuras que ya existen para subir precios y rebajar la calidad de los servicios», razona Sanmartín. Lo hacen, además, sin un currículum de gestión de estos servicios muy halagador. Gabarre ironiza, de hecho, con su historial. «Los fondos oportunistas como gestores son terribles: ni invierten, ni trabajan, ¡ni hacen nada!», exclama; recordando ejemplos como el rescate de la automovilística Chrysler por parte de la administración Obama, previa compra por Cerberus; o la caída de la fabricante de armas Remington Steele. «Ellos solos, los oportunistas no existirían; son unos inútiles». Ahora bien, la más que beneficiosa fiscalidad -en el Estado las socimis, las figuras jurídicas mediante las cuales muchos de estos fondos alquilan los pisos que adquieren, tributan solo un 1% en concepto de sociedades- y la clara disposición de las administraciones a inyectarles dinero cuando sufren estrés los hacen prácticamente intocables. Hasta el punto, para Sanmartín, que «están dispuestos a poner a la sociedad entera en riesgo, como ya hizo la banca en 2008».
El objetivo de las jornadas organizadas por la PAH, reiteran los militantes, es la elaboración de estrategias para enfrentarlos. Los expertos presentes coinciden, sin embargo, que el primer movimiento, uno imprescindible, es arrojar luz sobre ellos. A los primeros, a los contribuyentes que participan de su capital vía gestión de activos, pensiones o préstamos. «Son empresas que invierten principalmente el dinero de otra gente, una gente que no tiene ni idea de lo que se está haciendo con su patrimonio», asegura Christopher, que aconseja a los colectivos en defensa de la vivienda que planeen «acciones para aumentar la conciencia» de este fenómeno. Similar es la visión de Gabarre, que considera que «todo lo que revele su modelo de negocio les viene fatal». Las actuaciones de este tipo de fondos son tan difíciles de perseguir porque, apunta el experto, hacen todos los esfuerzos posibles por ocultarlas. Las caras más visibles de la operación, sin embargo, son «los que han creado las condiciones políticas para que se beneficien». Los legisladores, pues, que viven cerca de este capital deben ser un objetivo esencial. «Si hay una presión social contra ellos, las personas que han tomado las decisiones políticas que benefician a los fondos buitre se lo pensarían mucho mejor», concluye el investigador.
Medidas en contra
Para las organizaciones sociales, reconoce Clàudia, es mucho más complicado movilizar el descontento cuando el enemigo es un fondo buitre. «Muchos de ellos tienen las oficinas en Londres, en Noruega… Para la gente es muy difícil entender su papel», lamenta la activista, que reconoce grandes obstáculos para articular una respuesta contra un capital que es «el amo del mundo». En este sentido, Muci considera imprescindible vincular las experiencias individuales con los «problemas estructurales» causados por estas firmas. La militante ve especialmente operativos espacios como el que se lleva a cabo en Barcelona este fin de semana. Sobre todo «si los objetivos son actores financieros, la coordinación internacional es la única manera» de enfrentarlos. En cuanto a las medidas a aplicar, Gabarre aboga por una fiscalidad que aborde sus beneficios reales. Un ejemplo, asegura, sería la intención del gobierno español de eliminar el régimen especial de socimi y forzar a este tipo de compañías a cotizar en concepto del impuesto sociedades al mismo nivel que el resto de empresas. Por otro lado, un impulso de los servicios públicos sirve como un claro cortafuegos de su actividad, dado que «compran todo lo que se quiere vender». Así, la vivienda propiedad de las administraciones queda fuera de su alcance y, por tanto, reduce las opciones de aumentar la cartera inversora. Implementar estas medidas es, a juicio de los expertos, urgente, dado que la «crisis que comenzó con la burbuja no ha dejado de truncar las expectativas de vida» de la ciudadanía. «La primera catástrofe que causan es el precio del alquiler», concluye el investigador.
