El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitado un barrio que se está levantando desde cero en Viladecans. El socialista ha asistido a la colocación de la primera piedra de una promoción de 70 viviendas que serán de protección oficial –precio por debajo del mercado– y ha felicitado al municipio por apostar por este tipo de política. «Cataluña necesita nuevos barrios», ha indicado, remarcando que «debemos construir más viviendas en barrios enteramente nuevos».
En este caso, Llevant, el nuevo barrio de Viladecans, constará de 2.857 viviendas, de las cuales 1.157 (el 40,5%) serán de titularidad municipal. Illa ha elogiado los «niveles de calidad» de las viviendas protegidas que se están construyendo. «Costará distinguir, paseando por el barrio, cuáles son públicas y cuáles son privadas», ha dicho. Illa, en la línea de lo que ya ha expresado desde que es presidente, ha remarcado que, para alcanzar los «retos» en materia de vivienda, se necesitan «agentes del sector público y también privado».
Agilizar la burocracia
El presidente ha vuelto a situar esta cuestión como uno de los «principales problemas» del país, incidiendo en el hecho de que «afecta de manera muy directa a la igualdad de la sociedad». A pesar de que la economía va bien, ha dicho el socialista, el precio de la vivienda «crece de manera demasiado desproporcionada». Illa también ha incidido en la promesa de construir 50.000 viviendas entre este año y 2030, el objetivo que fijó hace unas semanas para salir de la crisis residencial que atraviesa Cataluña.
En este sentido, el socialista cree que el reto de las 50.000 viviendas es «ambicioso» pero a la vez «asequible». Y ha prometido, tal como anunció, que invertirá 1.100 millones anuales en políticas de vivienda durante el mandato. Desde Viladecans, el presidente catalán ha pedido a los ayuntamientos catalanes que «pongan suelo a disposición y aceleren los trámites». Un aviso para agilizar la burocracia y poder construir con más rapidez. Según ha detallado él mismo, actualmente pasan ocho años «entre que se decide que un lugar que no tiene la calificación urbanística necesaria se construirá un barrio nuevo o viviendas nuevas y hay vivienda terminada». «Debemos ir más rápido, haciéndolo bien», ha dicho. El reto es reducir esos ocho años a 50 meses, unos cuatro años.
La crisis de acceso a la vivienda es una de las problemáticas que debe afrontar el nuevo Gobierno de Illa en los próximos cuatro años. Illa toma una situación complicada, con los precios disparados –Barcelona, por ejemplo, el precio es superior a los 1.100 euros mensuales–. Las políticas de vivienda también son un requisito de los Comunes para sacar adelante la legislatura. Los ecosocialistas, más allá de exigir un paso adelante en construcción pública, también piden pasos firmes en la regulación de los alquileres de temporada.
