El 2025 dejará atrás algunas de las medidas de apoyo social que el gobierno español tomó para defender a los consumidores del intenso proceso inflacionista disparado a raíz de la pandemia y la guerra en Ucrania. El ejecutivo retira, entre otras medidas de protección a los consumidores, las rebajas al Impuesto sobre el Valor Añadido de la alimentación, especialmente aplicadas sobre productos de primera necesidad, como los huevos, el arroz o el aceite de oliva, una de las figuras fundamentales del exceso de costos en la cesta de la compra durante los últimos dos años. El fundamento de la retirada es una distensión de los mercados: si bien es cierto que el costo de la vida sigue en tensión, el índice de precios de consumo de los segmentos alimentarios ha vuelto este año a una normalidad difícil de imaginar en los peores momentos de la crisis inflacionista. Cabe recordar que, en los puntos más complicados para los bolsillos de los trabajadores catalanes, la inflación alimentaria llegó a dispararse por encima del 14%, con encarecimientos interanuales intensos en prácticamente todos los ítems imprescindibles en las neveras del país. Ahora, tal como recoge el Instituto Nacional de Estadística, muchas de estas tendencias se han revertido, y las etiquetas volverían, progresivamente, a una escala normal.
Así, el índice de precios de consumo interanual del mundo alimentario en Cataluña se ha dividido por 10 en los últimos años, y cerró el mes de noviembre -a la espera de los datos sectoriales de diciembre, que no serán públicos hasta dentro de dos semanas- en un escaso 1,6%. La tasa es ligeramente superior a la del Estado, que ve cómo el precio de los alimentos acelera a un ritmo aún inferior, del 1,4% año a año. Este moderado panorama supone un intenso contraste respecto de la mala salud de la etiqueta de algunos productos esenciales durante los últimos años.
Mejor salud entre los más caros
Diversas líneas hiperinflacionadas en 2022 y 2023, de hecho, llegan a final de este año en tendencia deflacionista. Es el caso del azúcar, que después de ser uno de los ítems más problemáticos de la cesta de la compra durante dos años consecutivos, muestra un IPC del -13,2% interanual, tras haberse situado ya en negativo en octubre -en aquel momento, poco más de tres puntos bajo cero-. La confianza del mercado es, de nuevo, el principal activo bajista: tanto la producción mundial como la de los productores europeos aumentará sustancialmente durante los primeros meses del año entrante, según cálculos sectoriales: los datos de la Comisión Europea indican que en 2025 se producirán 1.000 millones de toneladas de azúcar más en el continente. Así, las cadenas de valor no se ven obligadas a acelerar las ganancias, y ofrecen el producto final con menor tensión para los consumidores. Cabe decir que el azúcar también forma parte, como bien intermedio, de una multitud de cadenas de valor alimentarias, lo que promete reducciones subsecuentes de la inflación en otros verticales.
Otra de las estrellas inflacionistas que se ha desinflado en los últimos meses hasta llegar a un IPC prácticamente insignificante es el aceite. De hecho, justo antes de Navidad de 2023, la inflación en toda la rama de aceites y grasas se mantenía cerca de los 46 puntos, a precios desorbitados; aunque muchos alimentos esenciales ya se habían desinflado. El descenso ha sido lento: solo hace tres meses, a finales de septiembre, el índice de precios del sector aún superaba el 14%, a niveles aún similares al pico alimentario del curso pasado. Al cierre del año, y a la espera todavía de un diciembre poco tenso para los alimentos, la cifra es mucho más amistosa: el IPC del aceite se sitúa en el 1,2%, en mínimos de los últimos cuatro años. Como en el caso del azúcar, el déficit productivo de los entornos europeos estuvo detrás de buena parte de las subidas que se acumularon. Las intensas sequías de los últimos cursos -especialmente graves en Cataluña, pero que también han afectado a varios lugares de Europa- dañaron al olivo, y las tímidas empresas productivas buscaron mejores beneficios a corto para cubrir las carencias de materia prima. Para la campaña 2024/2025, sin embargo, las expectativas son mucho mejores: según el Ministerio de Agricultura, el olivo del Estado podría producir hasta 1,26 millones de toneladas de producto, un 48% más que la campaña anterior. Un ritmo que, a juicio del titular del ministerio, el criticado José Luís Planas, «permitiría recuperar la normalidad del mercado».
Pocas cadenas de valor individuales fueron tan castigadas durante la espiral de precios como el aceite y el azúcar. La mayoría encontraron su tope por debajo del 20%, y ahora se encuentran a niveles mucho más razonables. Sin ir más lejos, las patatas llegaron a un IPC del 19% a finales de 2023, para caer en noviembre de este año hasta el 2,8% -después de un octubre por debajo de los dos puntos-. Ahora bien, se trata de un producto altamente conflictivo, en tanto que los productores denuncian que las cadenas de distribución están rebajando los precios en origen sin aplicar el abaratamiento de cara al público. El sindicato agrario COAG consta entre los denunciantes, que reclaman una «regulación del mercado de la patata» para que los precios se mantengan «estables» de inicio a fin de la línea productiva. También las carnes han visto reducida la presión de precios. Tanto el bovino como el porcino han recortado sus índices desde el 12% de 2022; si bien el cerdo ha sido más exitoso, y ya ha roto a la baja el umbral del 3%, mientras la vaca aún se acerca a los cinco puntos. En el primer caso, la baja demanda de algunos de los clientes históricos del Estado, como Alemania, y la guerra comercial con China, han terminado por rebajar el precio final. Ahora bien, según las patronales -y a diferencia de la patata-, aún hay beneficios para los ganaderos, dado que la etiqueta del cerdo vivo «es todavía superior al precio de coste, y el campo acumula un ejercicio muy rentable».
Ataques a las medidas de Moncloa
El retroceso de la inflación, como en otros sectores problemáticos para el bolsillo de los trabajadores catalanes, ha servido para que a Moncloa le cuadren los números para devolver a la normalidad el IVA de los alimentos básicos. La que fue una de las grandes medidas del ejecutivo de Pedro Sánchez para combatir la presión sobre las rentas del trabajo en medio de la crisis llega al fin de su vida útil sin haber conseguido, según las organizaciones de consumidores, los objetivos que buscaba. La entidad Facua, en un comunicado emitido este mismo martes, ha calificado de «fracaso» el paquete de medidas, y se ha mostrado especialmente crítica con la «pasividad» del gobierno español con las «subidas ilegales de precios en alimentos» durante los últimos años. De hecho, algunos de los elementos más problemáticos del sector, como el aceite o el azúcar, encuentran sus precios máximos coincidiendo con los meses más activos de la regulación, todo ello «sin que se hayan desarrollado controles ni se haya abierto expediente sancionador» a las empresas responsables. Otros verticales, como la fruta dulce, continuaron disparándose bien entrado el verano, con subidas tan significativas como la del 13% interanual de la manzana, o el 6% de la naranja a finales del primer trimestre.
En el caso del aceite de oliva, el impuesto sobre el valor añadido pasará del 2% actual -estaba al 0% hace solo unos meses- al 4%, un peso de unos 13 céntimos sobre el bolsillo de los consumidores. En el caso de la patata, aún castigada, los dos puntos adicionales supondrán unos 12 céntimos por compra; mientras que los huevos, también entre los básicos regulados, se encarecerán unos siete céntimos. A pesar del salto, Facua insiste en que «la medida ha servido de poco para aliviar el enorme encarecimiento de la cesta de la compra», e indica que se han permitido «prácticas prohibidas» en las cadenas de los supermercados sin ninguna vigilancia. Por otro lado, la OCU lamentaba el pasado mes de octubre, cuando se conoció la intención de Moncloa de recuperar el IVA regular el 1 de enero, que la retirada de las regulaciones llega «demasiado pronto». Según datos de la OCDE, aún con las rebajas inflacionistas del pasado año la cesta ha subido «un 14% más que los salarios» en el mismo periodo, lo que pesa aún sobre las rentas del trabajo. Así, para la organización, el camino sería «prorrogar la rebaja», así como «aumentar de manera urgente y sustancial» las ayudas a las familias con ingresos más bajos para acceder a productos básicos.
