Choque institucional por el control de los precios del alquiler. La consejera de Territorio de la Generalitat, Ester Capilla, ha criticado que la Moncloa haya dejado de lado, en su ley estatal de la vivienda, el índice catalán de precios de alquiler. La actual modalidad por la cual ha optado el gobierno de Pedro Sánchez, con una referencia homogénea en todo el Estado, «no hará bajar los precios en Cataluña», según ha alertado Capella en una comparecencia después de reunirse con la ministra española del ramo, Isabel Rodríguez. Después de intensas conversaciones entre ambas administraciones, según ha explicado Capella, el pasado viernes «el ministerio decidió que habíamos llegado a un callejón sin salida». El gobierno catalán intentaba sobreponer las referencias de precios catalanas sobre las estatales en el mercado del país, una opción que la consejera ha descrito como «legal y robusta».
El principal problema que la Generalitat detecta en el índice de precios establecido por el Estado es que, a pesar de ser el mismo para todos los territorios, sus efectos son diferentes sobre mercados de la vivienda con grados de tensión difícilmente comparables. Una fórmula que atienda las necesidades de territorios como Extremadura o Castilla-León, según la Generalitat, no conseguirá arrastrar a la baja los precios de los 140 municipios considerados «tensos» por la ley en Cataluña. En este sentido, Capella buscaba la aplicación sobre el mercado del país de las herramientas elaboradas por su departamento, una opción que el ministerio dirigido por Rodríguez ha rechazado de pleno.
«Continuaré batallando»
A pesar de la clara negativa del ministerio, Capella asegura que las conversaciones continuarán hasta que se resuelva la contradicción en la ley española. «Hemos estado trabajando hasta el último momento para tener un sistema de índice que fuera robusto y que el acuerdo al cual llegamos al mes de enero se materializara», lamenta la consejera, apuntando que «no da nunca ninguna batalla por perdida». Asegura, en este sentido, que «todavía quedan días» para que entre en vigor la norma, prevista para el mes de marzo. El ministerio, por su parte, no ve otra salida que la aplicación de la norma tal como ha sido concebida desde Madrid. Vivienda, de hecho, defiende explícitamente este índice homogéneo, responsabilizando a las administraciones territoriales de «complementar» con políticas de vivienda la nueva ley estatal. De hecho, a pesar del optimismo de Capella, desde Moncloa subrayan que la reunión de este lunes ha servido para «reiterar» la posición ministerial.
