El 15 de marzo de 2023 entró en vigor la ley de vivienda estatal. Esta era la primera solución del gobierno español para intentar paliar el aumento incansable de los precios de alquiler y la reducción de la oferta. Ahora bien, el que fue una decisión para proteger las familias vulnerables, se podría haber convertido en una normativa dudosa que los expertos aseguran que hace más mal que bien. Tampoco ha sido la medida preferida de los sindicatos, que a pesar de que aseguran que está en el buen camino, todavía queda trabajo para hacer. Así pues, la ley, que ya hace un año que se puso en marcha -a la cual solo se ha adherido del todo Cataluña– todavía tiene algunos flecos para cerrar. El incremento de las desigualdades entre familias en riesgo de exclusión, la falta de información en materia de sanciones, la poca insistencia en el aumento de la vivienda pública y las dudas sobre que es un gran tenedor, son algunas de las incongruencias que los expertos enumeran de esta ley.
Uno de los primeros avisos que recibió el gobierno español de parte de algunos estudios de empresas relacionadas con el sector inmobiliario y observatorios de la vivienda, fueron la preocupación que la reducción de la oferta por la ley hiciera que las familias más vulnerables no pudieran acceder a la vivienda. De este modo, los pocos propietarios que quedaban en el alquiler tradicional se veían con la posibilidad de elegir sus locatarios, y «seguramente elegirán los que tienen rentas más altas por tranquilidad», explicaba en unas declaraciones a
Otro de los puntos controvertidos de esta ley fueron las sanciones. En este sentido, se hablaba de sanciones a los tenedores que no pusieran el tope del alquiler acordado en el territorio. Y también para todos aquellos que incumplieran de alguna manera la ley. Aun así, el jefe de estudios de pisos.com, Ferran Font, reflexionaba sobre la poca información de este brazo sancionador. «¿Quién pondrá las sanciones, de cuánto dinero estamos hablando, quién lo vigilará?», se preguntaba el experto y añadía que la ley no lo acababa de dejar claro. Además , un problema adyacente a este y también relacionado con el tope del alquiler era que los alquileres que se encontraran por debajo el límite establecido, automáticamente subirían. «Esta ley solo estabilizará el precio, no lo hará bajar», argumentaba Campos.
Políticas de parque de la vivienda pública
La parte de la ley que menos gustó a sindicatos y el sector fue la exigua mención del parque de la vivienda pública. En este sentido, se delimitó que los inversores de obra nueva que entraran en el estado español tendrían que destinar el 30% de sus viviendas a alquileres asequibles. Esto no gustó del todo al sector, que anunciaron que sería una manera de perder inversión extranjera. Los sindicatos, pero, estuvieron más de acuerdo con la normativa, a pesar de que se quedaba corta, puesto que sin una apuesta real del gobierno español para comprar vivienda, la oferta continuaba cayendo. «Necesitamos leyes a largo plazo y una de ellas es la construcción masiva de vivienda asequible para las familias vulnerables», reconocía el director de ViSO.
Viviendas en el extranjero y otras modalidades
Si bien es cierto que la ley se hizo para proteger los más vulnerables, algunas empresas se preocuparon también por los tenedores. La norma general en el estado español es que las grandes corporaciones no tienen el porcentaje más alto de viviendas de alquiler, sino que son los propietarios individuales. La ley estableció que tener cinco o más viviendas te convertía en un gran tenedor. Una de las primeras reticencias del sector fue que las viviendas al extranjero también entraban dentro de este recuento, el que levantó algunas críticas, puesto que se consideraba que si el piso no formaba parte del mercado tensado, no podía contarse. Paralelamente, algunas empresas también se plantearon dudas sobre el porcentaje de los pisos, es decir, si tener una parte de cinco viviendas también te hacía gran tenedor. De esta última cuestión, KPMG asegura que encara no se ha sacado el agua clara.
