El precio del alquiler en Barcelona, según el estudio mensual del portal Idealista, creció un 13,1% interanual el pasado mes de octubre. La media de los pisos en arrendamiento en la capital del país cotiza a unos 23,1 euros el metro cuadrado, una cifra que se aleja cada vez más de los bolsillos de la mayoría de inquilinos. El control de precios, según los datos publicados por el Gobierno, da frutos a un ritmo marcadamente lento, y el retroceso del 5% publicitado durante el segundo trimestre de este año dejó la media de los contratos por encima de los 1.131 euros mensuales; mientras la mediana salarial del país, según datos del INE, se situaba en 2022 en unos 24.000 euros brutos anuales, alrededor de 1.600 al mes. El mercado, por tanto, ha llegado a una «situación insostenible», tal como constata el portavoz del Sindicato de Inquilinos Enric Aragonès. Hasta el punto de haber iniciado, a juicio de los movimientos sociales, un nuevo «ciclo de protestas» capaz de «impugnar» el funcionamiento de instituciones y empresas respecto a un activo económico que perciben como un derecho. En Madrid, la primera marcha multitudinaria del pasado 13 de octubre reunió a más de 150.000 personas, según los organizadores; y Barcelona saldrá a la calle con su réplica el próximo sábado día 23. Lo hará, sin embargo, la parte social de un puzle cuyas piezas no parecen encajar: para el director de estudios y portavoz del portal Pisos.com Ferran Font, la frustración de los manifestantes es más que comprensible, aunque las soluciones propuestas tienen poco recorrido. «Es sencillo comprar eslóganes fáciles como el de limitar los precios del alquiler», lanza el representante empresarial.
La vivienda en Barcelona, y en el conjunto del estado español, por tanto, parece estallar como una guerra de trincheras. La aproximación de los manifestantes, de hecho, va en este sentido: buena parte de la problemática se justifica -aquí hay consenso- por una clara inacción de las administraciones, que no han querido o no han sabido encontrar la manera de aplicar una regulación adecuada para paliar los efectos de la crisis, especialmente sobre los colectivos más vulnerables al aumento de precios. Ahora bien, desde el movimiento por la vivienda diagnostican una pulsión institucional por jugar a dos bandas: regular contratos y establecer zonas tensas, sí, pero «protegiendo a las élites y sus beneficios», declara el portavoz de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca Juanjo Ramón. Para Aragonès, la disyuntiva es clara: «No se puede gobernar al mismo tiempo para los inquilinos y para los rentistas», como, aseguran, han intentado hacer los sucesivos gobiernos a todos los niveles. Así, las organizaciones detrás de la marcha del 23-N establecen un programa centrado en la protección del inquilino, con bajadas de precio obligatorias, contratos indefinidos o la recuperación de los activos en mercados paralelos, como el turístico o el temporal. La academia y la empresa, por su parte, reclaman una «regulación más laxa, que dé seguridad a los propietarios»; así como un impulso constructivo de vivienda asequible que amplíe el más que escaso parque social catalán. En resumen, «estímulos» para la oferta, a ojos de la experta de la Cátedra de Vivienda Digna y Sostenible de la UPF-BSM Maridalia Rodríguez.
¿Quién se beneficia?
Font, aunque reconoce que la «problemática de la vivienda es evidente», aterriza el alcance de la brecha en el mercado de alquiler. El estado español, asegura, es aún un entorno «de propietarios»; ya que poco menos del 20% de los hogares están constituidos en formato de arrendamiento. Rodríguez trabaja con las mismas cifras, aunque reconoce un progresivo cambio de modelo: «Hace 10 años, el porcentaje de propietarios era del 86%; ahora está más cerca del 75%». Un gráfico, además, con un claro talante generacional. Las regulaciones del crédito hipotecario posteriores a la crisis financiera de 2008 han igualado el mercado financiero español al europeo a costa de alejar «tres generaciones» -en las estimaciones de Ramón- del mercado de compraventa. Los datos son claros cuando el foco se pone en los segmentos más jóvenes de la población: «Más del 80% de los jóvenes son inquilinos, debido a la precariedad laboral y los salarios bajos que reducen la capacidad de endeudamiento», expone Font. Así, en un trayecto desde una sociedad de propiedad hacia una con un elevado componente de arrendamiento, la investigadora de la UPF-BSM detecta una suerte de limbo en cuanto a la política urbana. «Está pendiente generar mecanismos de vivienda que cubran las nuevas necesidades», comenta Rodríguez; que descarta los actuales. A juicio de la experta, las limitaciones de precios que recoge la ley de vivienda «van en contra de quienes hacen la oferta, y contraponen el derecho a la vivienda al de la propiedad».
Ambos expertos apuntan que las regulaciones lastran el negocio de propietarios relativamente pequeños, con un puñado de inmuebles a su nombre. Los grandes tenedores, establece Rodríguez, «son un porcentaje muy pequeño» respecto de las personas físicas con un patrimonio relativamente elevado que alquilan sus pisos. Para Aragonès, sin embargo, no hay una distinción reguladora entre ambas tipologías de propietario. «Lo que nos importa no es si hay una persona física o una jurídica; sino que le interesa que los alquileres continúen subiendo», lanza el portavoz del Sindicato. De hecho, reconoce que «el papel de los grandes fondos no es tan central» en la crisis como el de los inversores privados; aunque estos articulen su actividad de negocio a través de administradores de fincas, portales o inmobiliarias. «El rentismo es solo un 6% de la sociedad, pero actúa corporativamente; incluso aquellos que parece que tienen pocos inmuebles», añade. El gran otro, por tanto, no es necesariamente Blackstone; sino el beneficio mediante la inversión improductiva en bienes inmuebles. Las facilidades a la propiedad, continúa Aragonès, contraponen los dos derechos, pero en el sentido opuesto.
Un programa contra la especulación
A juicio de Aragonès, las instituciones «han vendido la crisis de la vivienda como un problema, cuando en realidad es un conflicto«. Uno con posturas irreconciliables: o inquilinos, o rentistas. Cada vez, además, con una brecha más grande entre ambos: el alquiler, razona el activista, es una «transferencia de rentas de las capas más humildes a una minoría rica»; dado que los arrendadores son «de media el doble de ricos que los inquilinos» -según datos de un reciente informe del Banco de España-. El rol de las administraciones en este sentido, reclaman desde el movimiento, es decidir hacia quién va el beneficio; una decisión que intentan posponer, como mínimo de cara al ojo público. El sindicato, de hecho, recuerda con indignación la reunión que el presidente del gobierno español Pedro Sánchez convocó con el sector de la vivienda para acordar una hoja de ruta conjunta. Estaban invitadas las organizaciones de base y las principales patronales inmobiliarias y de promotores. «Decidimos no participar porque no blanquearemos su discurso; aquello era una foto, no una reunión de trabajo», denuncia el portavoz. Así, las reclamaciones de la marcha del sábado son claramente antagonistas con la propiedad: una rebaja de los alquileres del 50%, el establecimiento de un mecanismo de renovación automática de los contratos, la prohibición de la compra como inversión y la recuperación de los pisos en formato de alquiler de temporada o turístico para el mercado indefinido. «Las instituciones deben garantizar que no se especule con la vivienda, porque lo primero que hace quien tiene dinero es invertir en ella», sentencia Ramón.
Estas soluciones reguladoras están, para el capital, lejos de ser eficaces. Font, de hecho, recoge las experiencias con topes al precio del alquiler en otras capitales europeas, que «según los últimos estudios, han sido contraproducentes». También Rodríguez apunta en el mismo sentido: aunque la investigadora reconoce que el control de rentas «parece una medida a favor del usuario», remata con una «reducción de la oferta y subida del mismo arrendamiento» en el conjunto del mercado. En este sentido, el portavoz de Pisos.com receta una normativa que anime a los inversores a poner sus activos en los canales de alquiler tradicionales. «Hay que hacer que el mercado sea atractivo», declara; con ventajas fiscales, seguridad jurídica y precios ajustados a las relaciones entre oferta y demanda. A menudo desde los movimientos sociales apuntan a la regulación de los mercados temporal o turístico para levantar barreras más elevadas contra la fuga de los propietarios hacia entornos menos vigilados. Font, sin embargo, limita el efecto: «Me parece muy optimista pensar que controlando el precio del alquiler temporal, los pisos volverán al mercado de larga duración. Lo que provocará es que el alquiler sea aún menos atractivo», responde. Al contrario, provoca una «reducción del mercado» que afecta especialmente «a los jóvenes y los colectivos más vulnerables».
La capacidad del binomio oferta-demanda para definir los precios de la vivienda, cabe decir, no está clara a juicio del movimiento. «Nos dicen que más oferta bajará los precios, pero se ha demostrado que no es así, -refuerza el portavoz de la PAH – esta fue la política que nos llevó a la burbuja inmobiliaria». Tampoco lo ven otros expertos: durante su ponencia en la primera Asamblea Internacional Popular por la Vivienda, el investigador Manel Gabarre aseguraba que «oferta y demanda no definen el precio del alquiler: lo hace el sistema de vivienda: el planeamiento urbano, la ley del suelo…».
Construir o no construir
A pesar de que Rodríguez reclama una estrategia a largo plazo en términos de promoción residencial -ya que «ninguna medida por sí misma es la panacea»-, la construcción de nueva vivienda social ocupa un lugar central en su hoja de ruta. «Se debería hacer un plan de recuperación de la vivienda a medio plazo, de forma que se vayan viendo los logros», reclama la experta. Un proyecto que contemple la obra nueva, pero también la recalificación o la reforma y renovación. Todo ello, sin embargo, con carácter social: vehiculando la inversión pública mediante entidades del tercer sector o empresas que concurran. Similar es la visión de Font, que lamenta la «inexistencia de construcción pública por parte de las administraciones». «Estamos pagando la infraconstrucción de vivienda de la última década y media, y es muy difícil solucionar un problema tan antiguo con una sola ley o medida», analiza el portavoz de Pisos. En este sentido, recibe con optimismo el compromiso del Gobierno de Salvador Illa de construir 50.000 viviendas durante la legislatura, aunque duda de la capacidad de la Generalitat para llevarlo a buen puerto. «La construcción tiene problemas importantes para desarrollar oferta: hay poco suelo finalista y los costos son muy elevados», lamenta. En este sentido, apunta a la colaboración con el sector privado como única salida plausible.
Los movimientos, como ya es tónica general, son menos entusiastas con las promesas del PSC. Ramón recuerda, por ejemplo, el compromiso al que ya llegó el presidente José Montilla en 2009, exactamente en los mismos términos. «Todo son titulares que quedan muy bien: en 2030 habrá 50.000 pisos más. Pero, ¿y en 2024, qué?», interroga el portavoz de la PAH. Aragonès duda aún más de la necesidad de la medida, dado el peso que los pisos turísticos, los alquileres temporales e incluso los inmuebles vacíos tienen aún en el sector. «Primero recuperemos todo, y después, si hay que construir, hablemos», discute el sindicalista.
Buenas perspectivas para la movilización
Sindicato y Plataforma, dada la coyuntura, esperan que la marcha del 23-N se convierta en una piedra de toque. «La calle clama, y lo que hacen las instituciones es insuficiente», eleva el tono Ramón; celebrando que «cada vez más sectores de la sociedad» se adhieran a sus tesis. Más aún ante el aumento de la tensión entre los movimientos y el mundo empresarial, a quien Aragonès ve «cada vez más nerviosos». «Se están dando cuenta de que está cambiando el sentido común de la mayoría social del país», identifica el portavoz; un murmullo que puede convertirse en el vehículo para una objeción generalizada al «estado actual de las cosas». Los siguientes pasos son, anuncia, aún más ambiciosos: las entidades ya han aprobado «un plan para caminar hacia la huelga de alquileres»; y la adhesión de cada vez más organizaciones de fuera del sindicalismo social -CCOO, UGT, Greenpeace, el movimiento scout o el Consejo de la Juventud, entre otras- hace pensar en una fuerza suficiente para alcanzar los objetivos. «Creemos que las cosas se pueden mover», concluyen los inquilinos.
