La consejera de Territorio, Ester Capella, ha anunciado este jueves que el tope del precio de los alquileres entrará en vigor a 140 municipios durante el mes de febrero. Así lo ha explicado la responsable de la cartera desde Madrid después de reunirse con la ministra de Vivienda del gobierno español de Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez, y asegura que han pactado acabar en las próximas semanas el trabajo para aprobar y publicar el índice de precios de referencia de los alquileres: «Para nosotros, para el Gobierno de Cataluña, para el Departamento de Territorio, es una muy buena noticia, como lo es también para los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, que la contención de rentas sea una realidad el mes de febrero», celebra Capella, que considera que con el acuerdo logrado este inicio de año se ha podido «desencallar» la publicación del índice necesario para poder hacer una «contención de rentas» y evitar la escalada desproporcionada de precios.
Paralelamente al anuncio de la consejera, el ministerio también ha explicado a través de un comunicado que tiene previsto publicar “durante el mes de febrero” el Índice de Precios de Referencia del Alquiler. Antes de publicar el listado de precios, pero, el Gobierno y el ministerio de Vivienda tienen que acabar de ultimar los últimos detalles para poder declarar «zonas tensionadas» los 140 municipios catalanes en los cuales se aplicará este tope de contención de precios. Interpelada por la prensa sobre cómo afectará la contención económica, Capella ha vuelto a destacar que, una vez se publique el índice de precios, el tope ya entrará en vigor en todos los municipios afectados. La consejera de Territorio recuerda, también, que esta ley de contención de alquileres ya la salió adelante el Parlamento de Cataluña, por lo cual, a partir del mes de febrero ya no se podrá superar el precio estipulado.
Siete meses de negociaciones
El anuncio de este jueves llega después de siete meses de negociaciones entre la consejería y el ministerio, momento en el cual se aprobó la ley de Vivienda del gobierno español. Desde entonces, las conversaciones entre los dos gobiernos habían estado «bloqueadas» por la falta de consenso entre las dos partes.
