El índice de precios de alquiler del estado español todavía no está listo. Después de la necesidad del ministerio de Vivienda para poner en marcha unos precios de referencia asequibles para la población y que, como consecuencia, marcaran un tope del precio del alquiler, la última noticia es que se atrasa su publicación. En este sentido, según ha explicado el gobierno español en un comunicado, ha decidido atrasar como mínimo hasta viernes la publicación del índice general. Mientras que la Generalitat ya tenía todo preparado para hacer efectiva la normativa, el Estado le dio la negativa a su índice porque había sido declarado «inconstitucional». Ahora, después de la obligación de utilizar el general que ha creado el Estado, Cataluña se tendrá que esperar otra semana a poner en marcha la medida.
Este martes finalizaba el plazo de consulta pública sobre este índice y, según justifica el Ministerio, legalmente hay que habilitar 24 horas extra para responder a todas las dudas planteadas por ciudadanos e instituciones y esperar aquellas consultas que hayan entrado en registros que no son los del mismo ministerio, como por ejemplo las que hayan entrado vía comunidades autónomas. Con otras palabras, el ministerio ha asegurado que las quejas y consultas recibidas -que actualmente solo son de Cataluña– tienen que ser contestadas con el tiempo pertinente y, por lo tanto, se tiene que anular la puesta en marcha de la norma, al menos hasta final de semana.
Las zonas tensadas actuales no son correctas
Cataluña es el único territorio del estado español que pidió implementar el tope al precio del alquiler. Aun así, pero, el índice de referencia que había hecho el gobierno catalán no fue bastante preciso, segundos el que argumentó el gobierno español y después de su aplicación fue declarado «inconstitucional» el 2022. Es por eso, pues, que según el Estado no se puede usar y, por lo tanto, las zonas tensadas que había escogido Cataluña todavía no se han verificado. En concreto, el Govern amplió de 60 a 140 municipios donde aplicar este índice y dónde residen 6,2 millones de personas y 80% del total de la población catalana, incluyendo prácticamente todas las localidades del ámbito metropolitano de Barcelona; las cuatro capitales, parte de las comarcas costeras y otros de montaña.
La medida no ha encantado en el sector inmobiliario y todos restan a la espera de ver como acabará afectando la oferta, pero también al precio real que acabarán pagando los locatarios. La conclusión principal del sector es que los precios aumentarán y sea el índice español o el catalán, no tienen ninguna duda que no será la norma que pondrá fin al alza sin freno de los alquileres en el Estado.
