Foment del Treball y varias asociaciones y organizaciones del sector inmobiliario cuestionan la efectividad de la nueva medida para limitar los alquileres de temporada que se ha aprobado este miércoles en el Parlamento de Cataluña. El conjunto de asociaciones han expresado su preocupación ante cómo el control de rentas en alquileres de corta y media estancia pueden “distorsionar el marco jurídico actual y afectar negativamente al mercado”.
Según recoge el comunicado de Foment y las diversas organizaciones, estos arrendamientos de temporada “responden a causas objetivas y finalidades muy concretas”, como por ejemplo “alojar temporalmente a profesionales desplazados, estudiantes, investigadores, personas en transición residencial o en movilidad internacional” y, por lo tanto, no son una alternativa a la vivienda habitual, sino “un complemento a una sociedad dinámica y abierta”.

Para ellos, la aplicación de control de precios a estos contratos sería “contraproducente desde el punto de vista económico y social”, además de ser una extralimitación jurídica. Los representantes del sector denuncian la sobreregulación y la falta de seguridad jurídica que viven. Además, reclaman que se deje de legislar “de espaldas al sector” y se adopten políticas de vivienda “realmente efectivas, que incentiven el incremento de la oferta de vivienda en lugar de penalizar al sector”.
El acuerdo responde a «aritmética política»
Entre las asociaciones firmantes se encuentran la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), la Asociación de Propietarios de Vivienda de Alquiler (ASVAL), la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC), el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lérida (CAFBL), el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona (COAPI) y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, además de Foment del Treball. Estos agentes sociales creen que el acuerdo firmado para aprobar esta medida “solo responde a la aritmética política” y no a solucionar el problema de la vivienda, que afirman que es “la falta de oferta de vivienda de toda tipología, tanto de venta como de alquiler”.
La propuesta se ha aprobado este miércoles en el Parlamento de Cataluña con los votos del PSC, ERC, CUP y Comuns, después de que llegaran a un acuerdo este martes a última hora.