La crisis de acceso a la vivienda sigue siendo una de las problemáticas que más preocupan a los gobiernos, que observan cómo los mercados -tanto el de alquiler como el de compra- se encuentran cada vez más tensionados, la oferta de inmuebles sigue decreciendo y el precio para acceder a una vivienda continúa suponiendo más recursos por parte de la población. En un nuevo intento por abordarla, el ejecutivo español sigue impulsando medidas para intentar revertir la situación y garantizar el acceso a la vivienda, sobre todo para los jóvenes, con iniciativas que los expertos observan con reticencias y dudas sobre sus efectos reales. Entre las últimas medidas anunciadas por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se encuentran las ayudas al alquiler en las viviendas protegidas de hasta 30.000 euros con opción de compra, de esta manera el precio abonado durante el alquiler supone el pago por adelantado de la futura compra. Los expertos señalan que todas las iniciativas para facilitar la compra de vivienda por parte de los jóvenes “son necesarias” para destensar el mercado de alquiler, pero que las ayudas destinadas a la vivienda protegida se consideran “un brindis al sol”, asegura Josep Maria Raya, el director de la Cátedra APCE-UPF de Vivienda y Futuro.
“El problema es que este tipo de subvenciones se hacen sobre la demanda, mientras la oferta de estos es muy escasa”, explica Raya. Más concretamente, la producción de las viviendas protegidas para alquiler con opción de compra fue de 33 en el conjunto del estado español durante el 2024, una cifra que llega solo hasta 1.436 en los últimos diez años, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. En esta línea, considera que mientras no se actúe sobre la construcción de más viviendas de uso protegido, las ayudas anunciadas por Sánchez son unas propuestas que todos saben que serán difíciles de cumplir. “Si en el nuevo plan estatal de la vivienda se comienzan a construir miles de pisos cada año, la utilidad de la medida sería diferente, pero eso no ocurre de un día para otro”, añade Raya. Además, los expertos del sector son conscientes de que si esta ayuda se aplicara a los alquileres privados, donde hay más oferta, generaría un efecto en el que el precio de estos podría acabar subiendo: “Otras veces las ayudas directas han repercutido sobre el precio del mercado”, apunta Ferran Font, jefe de estudios del portal pisos.com, consiguiendo un resultado diferente del que se busca.
El seguro de impago, una medida que también «protege» al propietario
Entre las nuevas medidas que propuso Sánchez, se encuentran otras ayudas de hasta 10.800 euros, estas destinadas a la compra de vivienda en el medio rural, en municipios de 10.000 habitantes o menos. Un movimiento que tampoco se ve como una solución a los problemas más consolidados en materia de vivienda en el Estado. “Se están dando ayudas en un territorio donde no hay gente que lo reclame porque el precio ya es bajo,” apunta Raya. Los movimientos demográficos están convirtiendo las zonas urbanas en las más tensionadas, un escenario que se quiere revertir con estas prestaciones para trasladar la demanda. “En el caso de que las medidas funcionaran para trasladar más gente a las zonas rurales, se debería ver la capacidad de estas regiones de acoger toda la demanda sobrevenida”, comenta Font.
Por otro lado, el anuncio de Sánchez también añadía la activación de el seguro de impago de rentas para jóvenes, que ya fue anunciado en enero. Este seguro cubre hasta un máximo del 50 % de los ingresos netos de la unidad familiar, con el objetivo de proteger al propietario ante posibles impagos. Con este planteamiento se quiere incentivar a los propietarios a mantener y, incluso, a volver a incorporar viviendas al mercado de alquiler. “Esta medida se ha aplicado en otros países, como en Francia por ejemplo, donde algunas investigaciones comienzan a mostrar que se están añadiendo pisos de alquiler que se habían perdido”, explica Raya. Además, el director de la cátedra de vivienda sostiene que esta medida -que también busca proteger al propietario en contraposición con la corriente de la legislación estatal que suele defender los intereses del arrendatario- debería generalizarse más allá de la población joven, para tener un impacto más amplio.
La escasez de vivienda, el problema a largo plazo del Estado
De forma global, los planteamientos en materia de vivienda con los que el ejecutivo español ha comenzado este curso político se quedan cortos a la hora de ofrecer una solución a la escasez de oferta en el mercado, una de las principales problemáticas de la crisis actual. Además, desde el sector señalan que faltan detalles sobre las ayudas anunciadas, como por ejemplo las repercusiones fiscales de estas a los beneficiados. “Desde hace un tiempo en el que las medidas por parte de las diferentes administraciones públicas quedan en el anuncio, pero luego no se desarrollan tal como inicialmente parecían”, apunta Font sobre las iniciativas. En esta línea defiende que “se deben hacer políticas a largo plazo que sirvan para resolver el problema de fondo, la oferta”. El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 está previsto que se apruebe este mes de diciembre, según avanzó la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Con este plan se triplicará la financiación, hasta los 7.000 millones de euros, para “consolidar el parque público de vivienda” para llegar a los estándares europeos en esta materia. Aun así, Font considera que el planteamiento para los cinco próximos años resulta insuficiente: “deberíamos estar hablando de períodos de 15 años, que son las cifras de falta de oferta con las que nos encontramos”, argumenta.
En un informe reciente, el Banco de España alertaba que el déficit de vivienda del Estado se sitúa en 700.000 inmuebles, una cifra que crecerá en 100.000 viviendas más este 2025 que serían necesarias para paliar la brecha que se crea entre el ritmo de creación de familias y la oferta de viviendas que hay en el mercado actualmente. Esta situación se ve agravada por la caída de la edificación de nuevas viviendas, que disminuyó un 22% en Cataluña durante el primer semestre, según datos del Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC). Para Raya, hasta que no se aborde esta cuestión de la falta de viviendas, las otras medidas “pueden ayudar un poco o, en otros casos, no ayudarán”. “Vamos dando pasos hacia adelante, pero son pasos muy lentos o muy débiles”, concluye.
