Barcelona vuelve a estallar contra la crisis de la vivienda. Miles de personas -más de 100.000 según la organización, 12.000 para la Guardia Urbana- se han reunido en la Avenida María Cristina para reeditar el clamor que ya llenó el centro de la ciudad en la manifestación masiva del pasado 23 de noviembre. El Sindicat de Llogateres y el resto de entidades del sector se han reactivado al calor de la convocatoria que ha ocupado esa misma mañana el centro de Madrid, con 150.000 personas; así como otras plazas del Estado, como Málaga o Valencia, con decenas de miles de personas por marcha. El lema, elaborado sobre las premisas del reciente Congrés de l’Habitatge de Catalunya, es más ambicioso que en la última edición: una pancarta gigantesca puntúa la avenida María Cristina para exclamar: «Acabemos con el negocio de la vivienda».
El movimiento catalán por la vivienda navega un mercado residencial que no ha mostrado signos de mejora significativa en los últimos meses. Las limitadas regulaciones que han emanado de la ley española de la vivienda han conseguido rebajar los precios entre el 3,7% y el 5% en los municipios tensionados del país. Ahora bien, las brechas a favor de los propietarios facilitan esquivar la normativa. La preferida de la propiedad, como ha evidenciado Barcelona, son los pisos de temporada. Sin regulación dentro de la Ley de Arrendamientos Urbanos, este tipo de contratos abren de par en par las puertas a precios muy por encima del mercado regular. Sin ir más lejos, según cifras del portal Idealista, este tipo de inmuebles suponen el 40% de la oferta en 2024, muy por encima de las ya complicadas situaciones en Madrid (18%) o Málaga (15%).
Las entidades convocantes han aprovechado la movilización para alzar el tono contra los «rentistas», a quienes ya pusieron en la diana el 23 de noviembre. El portavoz del sindicato de Llogateres, Enric Aragonès, ha esgrimido la huelga de alquileres como herramienta para la resistencia contra la propiedad. El acto que ha culminado la jornada, de hecho, ha contado con la participación del colectivo de huelguistas de alquiler contra CaixaBank, que ya agrupa a más de un centenar de inquilinos. La representante de la entidad, Àgueda Amestoy, ha descrito el proceso como una «victoria de la organización arrendataria». «No verán un duro hasta que no retiren las demandas de expulsión y entreguen los pisos a Incasòl», ha sostenido Amestoy, llamando al resto de inquilinos a pisos de la entidad de origen catalán. «Únanse a la huelga: unidas seremos invencibles», ha espetado.
El rentismo, en la mira
Sobre este impulso contra los grandes propietarios, Aragonès dibuja un futuro con abundantes conflictos con la propiedad para mejorar las condiciones de los inquilinos. «Es un acto de desobediencia, de revuelta, un gesto de poder. Si les dejamos de pagar, se les cae el negocio», ha animado a los asistentes. El lema vuelve a poner en el centro del combate a los propietarios, independientemente de su tamaño. La portavoz del Congrés de l’Habitatge de Catalunya, Marta Espriu, ha atacado directamente al conjunto del modelo de negocio inmobiliario. «Sostenemos rentistas que, por no trabajar, viven de nuestros sueldos», ha acusado. Espriu, además, ha vinculado las diversas realidades de los trabajadores del país -desde la inseguridad laboral hasta el racismo institucional que padecen los chabolistas de la ciudad- a la crisis residencial.
También lo ha hecho la representante del Sindicat Socialista de l’Habitatge de Catalunya, Marina Parés. Para la portavoz, el problema está en cualquier lugar donde haya negocio inmobiliario. «Acabar con el negocio no es un lema vacío: hace tiempo que tenemos recursos y capacidades para garantizar la vivienda», ha exclamado Parés. Para su organización, la crisis residencial representa una rama de una amenaza sistémica. «La única manera de resolver el problema de la vivienda es acabar con el capitalismo», ha argumentado.
El «trilerismo» de Illa
El movimiento ha añadido a su diana particular las administraciones y, en concreto, la Generalitat de Catalunya, de quien cuestiona el conjunto de la estrategia para garantizar el derecho a la vivienda. Aragonès ha rechazado el «trilerismo» del Gobierno, en referencia a la medida anunciada por el presidente Salvador Illa de construir 50.000 nuevas viviendas a lo largo de la legislatura. «O no han entendido lo que pasa, o pasan de todo», ha acusado el representante del Sindicato. También Espriu se ha referido, acusando al «lobby constructor» del país de «no dejar un metro cuadrado sin buscar el beneficio». Más vehemente ha sido Parés, que ha negado la perspectiva del mundo empresarial de la vivienda. El sector, cabe recordar, asegura que en el origen de la crisis hay una importante falta de oferta; y celebra la nueva construcción como una manera de equilibrar el mercado. En este sentido, la representante del SHSC acusa a los constructores de priorizar sus criterios empresariales por encima de los derechos de los ciudadanos. «¿Cómo se atreven a decir que falta oferta, cuando hay 400.000 viviendas vacías en Cataluña? ¿Cuando hay más de 100.000 pisos turísticos?», ha rematado Parés. Así, tilda la nueva obra pública de «regalo a los amiguitos de Illa».
La salud del movimiento
La convocatoria de este sábado ha sido, tanto con las cifras de la GUB como con las de la organización, cerca de un 40% más escasa que la del 23-N, cuando llenaron el centro de Barcelona más de 170.000 personas, según el Sindicat de Llogateres, y unas 20.000 para los cuerpos policiales. La convocatoria, cabe decir, llegaba en condiciones menos favorables que la de la pasada otoño. Entre los convocantes comentan, de hecho, que «había dudas» entre las mismas entidades sobre las posibilidades de esta marcha. Las cifras definitivas, aseguran, han sido satisfactorias. También lo es el ritmo de nuevas caras en el movimiento. Después del éxito de la última manifestación, el Sindicat de Llogateres celebra que ha aumentado la afiliación un 25%, y ya supera los 5.700 militantes. En el día a día de las entidades de barrio, aseguran desde el tejido social, la atracción es más complicada. «Las asambleas son largas, y cuesta que vengan. Pero hay más gente que antes», celebran.
La de Barcelona, de hecho, ha sido el punto final de una cadena de protestas en todo el Estado que muestran las capacidades del movimiento más allá de sus plazas históricas. Los sindicatos de inquilinos de los diversos territorios han creado nuevos núcleos en Valencia, Sevilla, Cádiz, Guadalajara y Asturias; y se han sumado a las marchas de este sábado ciudades como Menorca, Ourense, Palma, Cuenca, Castellón o Santiago de Compostela. «Esto es histórico, ¡lo hemos petado, gente!», gritaba al inicio del acto una de las organizadoras.
