El Govern ha reconocido que faltan inspectores para hacer cumplir el régimen sancionador de vivienda que el Consell Executiu ha validado este martes, a través de un decreto ley de medidas urgentes, y que entrará en vigor este mismo miércoles. La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha celebrado la aprobación de la medida que servirá para establecer una «relación justa» entre arrendador e inquilino, pero ha admitido que es necesario reforzar la plantilla actual de inspectores en Consumo y en la Agencia de Vivienda. «Se necesita un cuerpo de inspectores para garantizar que se cumple y se aplica cuando hay incumplimientos», ha subrayado.
Paneque ha asegurado que los inspectores que hay ahora son «claramente insuficientes» para dar seguimiento sobre la aplicación de la medida y ha indicado que necesitan incorporar entre 75 y 100 nuevos inspectores. Una cifra que surge, según ha detallado la portavoz en la misma comparecencia, de las conversaciones que han mantenido el Govern y Comuns para dar cumplimiento a uno de los acuerdos alcanzados para investir a Salvador Illa, pero al mismo tiempo ha remarcado que el acuerdo entre las dos formaciones no determinaba cuántos inspectores eran necesarios para garantizar el cumplimiento de la norma.
Asimismo, la portavoz del ejecutivo de Salvador ha subrayado que «no hay un período establecido» para contratar a todo este personal necesario para hacer cumplir la normativa, pero se ha comprometido a hacerlo lo «más rápido posible» para poder dar garantías a la ciudadanía sobre la aplicación del decreto. A pesar de ello, la consejera ha condicionado la ampliación de la plantilla de inspectores a la aprobación de ampliaciones de crédito en el Parlamento. «Deben ser negociaciones futuras porque está sujeto a suplementos de créditos de partidas que en estos momentos no están presentes en el presupuesto», ha subrayado.
El régimen sancionador entra en vigor este mismo miércoles
El régimen sancionador entra en vigor este miércoles y el contenido de los anuncios y las ofertas de alquiler tienen 5 días para adaptarse al contenido del decreto. «El objetivo es proteger a las personas que alquilan viviendas para su residencia habitual y dar seguridad a los propietarios que hacen bien las cosas», ha dicho Paneque, que ha subrayado que el decreto tiene en cuenta la proporcionalidad en las sanciones y los atenuantes que se podrán tener en cuenta. «No es lo mismo una entidad que alquila en un piso que una gran entidad que gestiona cientos de alquileres. La proporcionalidad siempre es una pieza clave», ha asegurado.
De acuerdo con el nuevo decreto, se considera una infracción muy grave, con multas de 90.001 euros a 900.000 euros, fijar un precio de alquiler superior al 30% de lo que marca el índice de precios de referencia, no hacer constar la finalidad del contrato o que sea fraudulento, así como cargar los gastos de gestión al inquilino. Si la diferencia es igual o inferior al 30% las multas serán de entre 9.000 y 90.000 euros. El acuerdo también contempla que anuncios, publicidad y contratos de alquiler consten el Índice de Precios de Referencia, en el caso de que el propietario sea un gran tenedor, y el precio del contrato anterior para los pequeños. También establece que quede escrito en el contrato si el propietario es o no un gran tenedor y la finalidad de este. Es decir, si es de temporada o para residencia habitual.
