La crisis del mercado inmobiliario que sufre Cataluña expulsa a los inversores hacia otros territorios del Estado. Según datos de la Asociación de Promotores de Cataluña, el 20% de los proyectos previstos por el sector en el Principado han terminado yéndose a Madrid o Andalucía, en busca de legislaciones más favorables a sus intereses; mientras que «un 44% de los proyectos de alquiler han quedado en suspenso». Se trata de un proceso que el director general de ACV Gestión Inmobiliaria, Iñaki Unsain, describe como «fuga». La sangría de capital se concentra mayoritariamente en el mercado residencial, tal como describe Unsain. De los 1.700 millones de euros ejecutados en el país en el primer semestre del año, la mayoría «se ha destinado a hoteles, residencias de estudiantes y otros activos alternativos», que ofrecen más rentabilidad y menos vigilancia a propietarios y promotores.
Para el mercado, el agravio esencial es el límite a los alquileres, que se aplica en el país de acuerdo con la ley española de vivienda. Según Unsain, «aunque Cataluña mantiene un elevado atractivo global como destino inversor, la política de control de rentas desincentiva de forma acelerada la inversión en vivienda regular». Hasta el punto, asegura, que la normativa está mostrando «un impacto en el sector inmobiliario contrario al que se esperaba» en origen. Los datos oficiales de la Generalitat correspondientes al segundo trimestre muestran una caída de los nuevos contratos de alquiler cercana al 20% en todo el territorio, y de más del 21% en Barcelona. Mientras tanto, las alternativas para los inversores, como el alquiler temporal -no regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos- suben un 50%.
El mercado «se regula de manera autónoma»
Buscando mejores condiciones, pues, el capital que busca establecerse en el mercado residencial se dirige hacia otros territorios; mientras que el que se queda en Cataluña pasa a mercados que Unsain describe como «más estables y rentables», como el alquiler de habitaciones o el turístico, que contribuyen a disparar aún más el precio de la vivienda en las zonas tensionadas. «Así -alega el empresario- nos quedaremos con un parque inmobiliario envejecido, escaso y cada vez más inaccesible para la población». Los inversores, vista esta brecha, reclaman liberalizar aún más el sector, para «atraer más inversión en promoción» en nuevos edificios dedicados al alquiler regular. La tesis, pues, es que sin límites legales «aumentaría mucho más la oferta, los precios se regularían de forma natural y las empresas no tendrían que buscar negocios de forma deslocalizada».
