El mercado de la vivienda de alquiler vive tiempos convulsos. No solo la oferta se ha reducido más de un 70% en la última década, sino que los precios cada vez son más altos. Esta situación hace que muchas familias de clase media, que no habían tenido problemas para acceder a la vivienda, tengan que estrecharse el cinturón igual que lo hacen las personas vulnerables, sobre todo en Barcelona, donde la subida es más intensa. Ahora bien, el problema no acaba aquí. Muchas familias se ven obligadas a cambiar de piso por este aumento constante de los precios; son acuerdos que pasan desapercibidos y no llegan a los medios, pero que aglutinan buena parte de la población barcelonesa. Los llamados desahucios invisibles son la compilación de acciones que hacen que una familia se vea obligada a dejar su piso, sea por aumento de precio, la carencia de renovación del contrato o las presiones inmobiliarias.
«El 38% de las mudanzas son forzosas: desahucios invisibles sin orden judicial». Así lo recoge un estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA). Según los datos, este es el porcentaje que se conoce de familias incluye las personas que se buscan la vida en otro lugar y no precisamente por voluntad propia. Aquí se incluye: no renovación o subida del alquiler, incapacitado para continuar pagando y acoso inmobiliario. Si bien es cierto que el 62% de las mudanzas son cambios voluntarios (por motivos laborales, familiares, etc), hay que tener en cuenta que cambios percibidos como voluntarios pueden esconder constreñimientos estructurales. En otras palabras, no porque una decisión se tome de manera voluntaria no quiere decir que la familia lo haya decidido porque es la mejor opción.
Las razones por las cuales una persona abandona una vivienda de alquiler son muy diversas. En un primer momento, se puede llegar a pensar que es simplemente una decisión de cambio de vida, pero la situación tan complicada que se vive en el mercado de alquiler con la caída de la oferta, hacen reflexionar sobre las razones invisibles que llevan las familias a cambiar de hogar. Aparte, cada vez son más las personas que buscan un alquiler, puesto que hace años que se rompió el falso mito que los jóvenes eran los únicos que no tenían propiedades. A pesar de que el 65% de las personas que viven de alquiler en Barcelona tienen menos de 35 años, las viviendas en propiedad han caído. Así pues, el problema ya no solo afecta una porción pequeña de la sociedad barcelonesa, sino que acontece un problema estructural que se esconde detrás de la carencia de oferta y la rotación que piden los tenedores.
Voluntariedad implícita, pero difícil de probar
El estudio de IDRA apunta que un porcentaje considerable de la gente no quiere marchar de casa suya, pero se los hace imposible pagar el nuevo precio que los reclama el propietario. En segunda instancia también hay la decisión de no renovar el contrato, es decir, después de los cinco años que establece la ley, un tenedor puede decidir que no quiere que los inquilinos continúen en el piso. Esta situación vuelve a dejar las familias sin otra opción que no sea cambiar de vivienda. La última razón -y la más difícil de probar- son las presiones de las inmobiliarias, es decir, desde las empresas que gestionan la vivienda se pide a las familias que marchen.
Todas estas acciones pasan desapercibidas por la administración e incluso por los sindicatos, puesto que no pasan por un proceso judicial y, por lo tanto, no se considera que sean decisiones involuntarias. Ahora bien, las estadísticas de IDRA demuestran que sí que hay cierta reticencia por parte de algunas familias locatarias a marchar de sus hogares, pero acaban haciéndolo porque no los queda más remedio. De aquí, pues, surge el término de desahucios invisibles, puesto que no hay una instancia judicial abierta, pero tampoco se puede demostrar que hay una voluntariedad directa.
