La consejera de Territorio Ester Capilla prevé una «cierta moderación» del precio de la vivienda al país a partir del segundo trimestre. Pocas horas después de constatar el récord logrado en Barcelona, con una media de 1.193 euros entre enero y el marzo, Capilla ha remarcado que, en el momento de lectura de estas cifras, «todavía no había entrado en vigor el tope» bajo el paraguas de la ley española de la vivienda. Así, sobre la nueva norma, la consejera prevé una bajada en lo sucesivo; si bien el mercado conserva peligros en cuanto a la tensión en la oferta, como por ejemplo el alquiler de temporada o el de habitaciones. «Algunos avispados han encontrado la manera de eludir la aplicación de la contención de rentas a través de estas dos figuras», lamenta.
En su intervención en el marco de la jornada
La gestión, en Cataluña
En el marco de su intervención, Capilla ha reivindicado el rol del Gobierno en las garantías residenciales. Llega, de hecho, a asegurar que «la única manera de garantizar el derecho a la vivienda es cuando depende exclusivamente de Cataluña». Así, ha subrayado la necesidad de disponer de «competencias integrales» en el ámbito; defendiendo que se ejecutarían «mejores políticas». «Tenemos una visión integral y podríamos actuar en todos los ámbitos que condicionan la vivienda, como el precio o el mercado», apostilla. En el marco de la dependencia española, Capilla reconoce, pero, que «desgraciadamente, el derecho a la vivienda hoy en día no está garantizado» en el país. A su vez, la vicedecana del Colegio Notarial, Raquel Iglesias, defiende que derecho a la vivienda y propiedad privada «no tendrían que estar enfrentados». «Se tendrían que concertar intereses y necesidades», argumenta, en la línea de las reclamaciones del gran capital del país, que trasladan la responsabilidad al sector público de defender las rentas más bajas de los estragos de las dinámicas del mercado.
