El nuevo decreto ley sobre los pisos turísticos ha hecho un nuevo giro de guion. La presentación de la normativa recibió muchas críticas del sector, puesto que aseguraron que ponía en peligro el modelo de turismo de algunos municipios catalanes. Este miércoles se ha acabado de aprobar la nueva ley, pero con algunas modificaciones para intentar paliar las preocupaciones del ecosistema. En concreto, se reducen el número de municipios en los cuales se podrá aplicar un límite máximo de viviendas turísticas hasta los 140. Por otro lado, serán los ayuntamientos los encargados de decidir si aplican un límite o no, dependiendo de su modelo de turismo.
Este miércoles, ERC y PSC han acordado modificar la regulación de los pisos turísticos, a pesar de que la consejera de Territorio ha asegurado que la normativa se volverá a explorar en un futuro, puesto que no ha quedado satisfecha con la decisión. En un principio, el Gobierno quería controlar el número de viviendas turísticas de los municipios de Cataluña para dedicar una parte al alquiler regular. Por eso, se propuso reducir las licencias y los años de estas. Pero no solo esto, sino que la Generalitat también puso un tope de pisos turísticos por pueblo (una decena de viviendas por cada 100.000 habitantes). Finalmente, pero, las negociaciones han acabado para definir que serán los ayuntamientos los que elegirán el número máximo de pisos turísticos. “Los cambios dejan las puertas abiertas en los municipios”, ha criticado Capilla después del acuerdo, quien ha añadido que trabajará “en un futuro” para que el decreto “vuelva allá donde no tendría que haber salido nunca”.
Un decreto que levanta polvareda entre el sector público y el privado
El diputado de Juntos, Joan Canadell, ha lamentado que hoy no es un buen día para el sector de los pisos turísticos, en referencia al decreto aprobado. Y ha cargado contra el PSC para volver a actuar como “salvador”. “El salvador los salvará del enésimo desastre político. ¿Pero quién lo pagará? El sector, los municipios y los miles de propietarios de una segunda residencia”, ha añadido en referencia a los socialistas. En línea con el que ha dicho Canadell, los representantes de las viviendas turísticas también se han mostrado muy contrarios al decreto, todo y las reformas que ha aplicado el PSC.
El presidente de Federatur, David Orilla, y el presidente de Apartur, Enrique Alcántara, han coincidido al celebrar las modificaciones de la normativa, pero han explicado que el decreto es “doliendo” para la economía. Todavía con más contundencia, Orilla ha asegurado textualmente que el decreto no resolverá el problema de la vivienda en Cataluña y Alcántara ha criticado que el decreto es “turismofóbico” y que se ha hecho sin contar con el sector.
Desde el otro lado, el Sindicato de Locatarias tampoco ha quedado satisfecho con la normativa, puesto que consideran que “no acaba con la barra libre de pisos turísticos”. En este sentido, se han posicionado junto a la consejera de Territorio y han exigido que el decreto vuelva a ser el que tenía que ser. El portavoz de la asociación, Enric Aragonès, ha añadido que “sin reducir el número de pisos turísticos es imposible hacer frente a la emergencia de la vivienda”. Por eso, ha insistido que “no valen pactos que intenten descafeinar (el decreto) y que no sea obligatorio” y que “es importante que el decreto se aplique tal cual como se convalide porque es de mínimos”.
