Las malas praxis en el mundo de los carburantes no son una novedad, sobre todo cuando se habla del IVA. Hace tiempo que las asociaciones de suministro al por mayor libran una batalla abierta contra aquellas empresas que cometen fraude en este impuesto, puesto que según aseguran, no son pocas. Aun así, el gobierno español busca cada vez más, reducir esta situación y desde algunos grupos parlamentarios ya están poniendo sobre la mesa nuevas iniciativas de reducción de fraude. Una situación que, aunque las asociaciones celebren, aclaran que todavía es insuficiente, porque remarcan que «no abordan, por ejemplo, el fraude fiscal en el IVA«.
AEVECAR, AOP, CEEES y UPI han celebrado el debate abierto en la lucha contra las prácticas fraudulentas en la distribución de carburantes en el marco de la tramitación como proyecto de Ley del Real decreto ley 8/2023. En este sentido, el sector ha asegurado que apoyan a la iniciativa propuesta por algunos grupos parlamentarios, que consiste a garantizar a la Administración el pago del IVA correspondiendo antes de que se puedan extraer los carburantes del depósito. Tal como reconoce el gobierno español en la exposición de motivos del citado Real DecretoLey, «el fraude ha conseguido cotas graves y se está incrementando exponencialmente». Las asociaciones se han posicionado a favor de las nuevas normas, pero también han expresado que no son suficientes. En este sentido, han considerado imprescindible que, «antes de que salga de los depósitos fiscales donde se almacena el carburante, se garantice el pago del IVA correspondiendo a la venta posterior del producto».
Una garantía contra las malas praxis
Las asociaciones del sector al por mayor han considerado, a través de un comunicado, que las empresas tendrían que estar obligadas a pagar sin coger atajos. «La garantía puede consistir o bien a presentar algún tipo de aval o bien a demostrar que se trata de un operador de confianza«, ha dicho las asociaciones que han añadido que «así se limitan las opciones que actualmente permiten a los operadores fraudulentos no ingresar el IVA que corresponda a las arcas públicas y se dota de seguridad jurídica a todos los eslabones de la cadena, que siempre tendrán la certeza que sus proveedores cumplen con sus obligaciones fiscales».
