Los costos de licencias, reformas y equipamiento hacen que emprender en la alimentación rural se convierta en una carrera de obstáculos. La despoblación, la normativa y la falta de incentivos sostenidos agravan un problema que afecta a miles de vecinos.
Montar un pequeño supermercado puede superar los 100.000 euros solo en adecuación y permisos, una cifra que en muchas localidades catalanas triplica el coste medio de una vivienda de segunda mano. La burocracia municipal, la normativa autonómica y el bajo retorno en zonas despobladas desaniman a los posibles emprendedores.
El supermercado, una “especie en extinción” en los pueblos pequeños
En decenas de municipios rurales de Cataluña, los supermercados son cada vez más escasos. El cierre de comercios de proximidad se ha acelerado durante la última década, coincidiendo con el envejecimiento de la población, el éxodo juvenil y la falta de interés por asumir un negocio con rentabilidad baja.
El supermercado no es solo un lugar donde comprar alimentos. Es un eje social, un punto de encuentro y, para muchos vecinos sin coche, la única fuente de productos frescos cerca de casa. Su desaparición obliga a recorrer kilómetros para hacer compras básicas, empobreciendo la vida cotidiana de los pueblos.
En algunos casos, la falta de relevo generacional y el desgaste de los antiguos propietarios ha provocado cierres sin sucesores. Pero el verdadero problema, según varios emprendedores, no es solo la falta de interés, sino las trabas económicas y administrativas.
Costos iniciales: licencias, obras y normativa
Quienes han intentado abrir un supermercado en pueblos catalanes coinciden en una realidad: los trámites y los gastos iniciales son desorbitados. El camino comienza con una licencia de apertura, que en muchos municipios requiere un proyecto técnico, la validación del ayuntamiento y el pago de tasas.
A esto se suman las licencias de obras, necesarias si el local no está acondicionado, y la adecuación técnica: salidas de emergencia, accesos para personas con movilidad reducida, instalaciones eléctricas, sistemas contra incendios, etc. En muchos casos, se pide un proyecto visado por ingenieros o arquitectos, lo que aún encarece más la factura.
Además, si el local supera los 300 metros cuadrados, la normativa autonómica no permite una simple declaración responsable: se necesita una licencia formal. Esto añade meses de espera y un proceso más exigente en términos legales.
También hay que sumar el equipamiento (cámaras frigoríficas, estanterías, cajas registradoras, software), el stock inicial de productos, seguros, inspecciones sanitarias y el cumplimiento de normas medioambientales y de residuos. Un cúmulo de requisitos que convierten una tienda de pueblo en una inversión de gran envergadura.
¿Por qué cuesta más que una casa?
En municipios donde se puede adquirir una vivienda por 40.000 o 50.000 euros, la apertura de un supermercado puede multiplicar esta cifra sin garantizar rentabilidad. Esto se debe a que, además del costo inicial, el volumen de ventas en localidades con menos de 1.000 habitantes apenas cubre gastos.
En otras palabras, el problema no es solo abrir: es mantenerse. A diferencia de un piso, que se puede alquilar o revalorizar, el supermercado implica dedicación diaria, competencia con grandes cadenas de pueblos cercanos, márgenes ajustados y una clientela limitada.
Además, los bancos no siempre están dispuestos a financiar este tipo de negocio. La falta de un modelo de negocio claro, la baja garantía de beneficios y la necesidad de inversiones elevadas hacen que el perfil sea percibido como de alto riesgo. En muchos casos, los mismos ayuntamientos reconocen que no hay forma de atraer a un emprendedor sin ayudas públicas.
“Lo intentamos y no pudimos abrir”: testimonios que ilustran el problema
En la comarca de la Segarra, una pareja de emprendedores intentó reabrir un supermercado cerrado hacía más de dos años. “El local estaba bien, pero la normativa exigía adaptar toda la instalación eléctrica y rehacer el acceso para cumplir los nuevos estándares”, explica uno de ellos. Tras meses de trámites y presupuestos, renunciaron: el costo total superaba los 130.000 euros y no encontraron financiación.
En otro caso, en el Priorat, un comerciante heredó un antiguo colmado familiar, pero no pudo transformarlo en supermercado moderno. “Cada vez que arreglábamos una cosa, nos pedían otra. Nadie nos ayudaba. Al final, nos rendimos”, relata.
Estas historias se repiten en pueblos donde el cierre de un supermercado no tiene relevo. El resultado es una falta de servicios básicos que empuja a más familias a marcharse, agravando el círculo vicioso de la despoblación.
Iniciativas locales: ¿solución o parche?
Ante esta realidad, algunos ayuntamientos han comenzado a ofrecer incentivos insólitos. El caso más mediático es el de Castellolí, en la provincia de Barcelona: el ayuntamiento ofreció una vivienda gratuita, un local comercial sin coste de alquiler y una ayuda directa de 15.000 euros a quien se animara a abrir un supermercado.
La medida despertó interés, pero también evidenció la desesperación de muchos municipios. “Esto no es una solución a largo plazo”, opinan expertos en desarrollo rural. “Es una ayuda puntual, que puede funcionar, pero si no hay un marco normativo más flexible y ayudas sostenidas, es difícil consolidar estos proyectos.”
Otros pueblos han optado por fórmulas cooperativas, gestión municipal o pequeños autoservicios subvencionados. Sin embargo, la mayoría de estas iniciativas requieren continuidad política, apoyo financiero y una visión de desarrollo rural que hoy parece ausente.
Supermercados que no llegan: ¿quién quiere emprender cuando todo son trabas?
En un momento en que se habla tanto de reactivar el medio rural, quizás debería empezarse por hacerlo viable para quien quiere invertir en él. Porque sin tiendas no hay vecinos, y sin vecinos, no hay pueblo.
¿Conoces casos similares en tu comarca? ¿Has intentado emprender en zonas rurales? Comparte tu experiencia y ayúdanos a visibilizar este problema.
