La campaña 2025/2026 se presenta con grandes expectativas y retos. Con este paso, el Gobierno pretende dotar al sector oleícola de una herramienta más previsible y ajustada a las necesidades del mercado, sin descuidar los intereses de productores, cooperativas y consumidores.
Hacia una nueva regulación para el aceite de oliva
El proceso de consulta pública, abierto hasta el 26 de junio, pone sobre la mesa un borrador de norma que se aplicaría entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. Este documento recoge la intención de ordenar la oferta del aceite de oliva en España, uno de los mayores productores mundiales.
La normativa planteada toma como referencia el artículo 167 del Reglamento (UE) 1308/2013, que permite a los estados miembros establecer normas para mejorar y estabilizar el funcionamiento del mercado. Esta base legal ya se ha utilizado en campañas anteriores, con resultados positivos en términos de gestión de excedentes y precios más estables.
Equilibrar producción y sostenibilidad
Uno de los puntos clave de la propuesta es su enfoque en equilibrar la producción ante las oscilaciones que sufre el sector. En años de cosecha alta, los precios pueden caer drásticamente; en campañas con baja producción, la escasez dispara los precios y genera incertidumbre.
Con la norma, se busca facilitar una planificación más estratégica: almacenar aceite en momentos de sobreoferta, regular su salida al mercado y favorecer una mayor sostenibilidad económica para todos los eslabones de la cadena.
Además, esta herramienta podría permitir reducir la volatilidad que tanto afecta la rentabilidad del sector, especialmente a los pequeños productores.
Cómo afectará al sector oleícola
La nueva norma puede suponer un alivio para muchas cooperativas y almazaras que, tras campañas marcadas por la sequía y precios desiguales, necesitan previsibilidad. También contribuiría a mejorar la percepción del aceite de oliva como producto premium en los mercados internacionales.
El texto en consulta plantea, además, mecanismos para aplicar la norma de manera flexible y proporcional, evitando cargas innecesarias para los operadores del sector.
Otro aspecto relevante será la coordinación con otras medidas de apoyo, como las ayudas al almacenamiento privado o las campañas de promoción del consumo de aceite de oliva virgen extra.
El proceso de consulta, abierto a todos
El Ministerio ha habilitado un canal digital para recoger aportaciones de ciudadanos, empresas y organizaciones. Esta fase es clave para adaptar la norma a la realidad del territorio y para asegurar que se tengan en cuenta todos los intereses.
Participar en la consulta no solo es un derecho, sino también una oportunidad para influir en una política pública de gran impacto. El aceite de oliva no es solo un producto agrícola: es identidad, cultura y motor económico de muchas regiones españolas.
Un paso clave para el futuro del mercado
Esta consulta pública representa un momento decisivo para el sector oleícola. La norma que finalmente se apruebe tendrá efectos reales sobre cómo se produce, se comercializa y se consume uno de los productos estrella de la dieta mediterránea.
¿Qué modelo de mercado queremos para el aceite de oliva? La respuesta está, en parte, en manos de quien hoy decida participar, opinar y construir consensos.
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