Para poner en marcha la Operación Cataluña también hicieron falta hacer trámites oficiales. Aunque fuera para poder disfrazar la realidad o para dar apariencia de legalidad. En concreto, para permitir que la temida Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía tuviera una almohada para poder investigar los patrimonios de los líderes independentistas era necesario pasar por el juzgado o la Fiscalía. El método escogido fue uno de habitual: una denuncia anónima que activó la policía patriótica y todos sus resortes. En concreto, se trata de una denuncia, muy extraña, registrada el dos de noviembre del 2012, 23 días antes de las elecciones en el Parlamento de Cataluña avances por el presidente Artur Mas con el compromiso de convocar una consulta de independencia.
Curiosamente, este documento lo tramitó un viejo conocido de la Operación Cataluña, el entonces inspector jefe del grupo 24 de la UDEF, Álvaro Ibáñez (TIP 89140), que casualmente firma casi todos los atestados del sumario del caso Pujol en la causa que todavía espera fecha de juicio a la Audiencia Nacional. Un inspector que, por otro lado, se salvó de una condena por el caso de los
La relación con Villarejo
Esta denuncia llegó pocos días antes de que el comisario de inteligencia ahora jubilado José Manuel Villarejo conspirara con el ex financiero Javier de la Rosa y con la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, Victòria Álvarez, para denunciar la familia Pujol y delatar supuestos negocios originados en la corrupción. De hecho, el 29 de noviembre del 2012, Villarejo envió su socio Rafael Redondo a redactar la denuncia que Javier de la Rosa interpondría ante la UDEF y que después no fue ratificada. Del mismo modo que el juez instructor de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, descartó dar credibilidad a la denuncia presentada por Victoria Álvarez. A finales de enero del 2013, ni tres meses después de la interposición de la denuncia, el inspector Álvaro ya aparece en los diarios de Villarejo a través de dos enlaces muy importantes. En primer término, con el abogado Javier Iglesias, alías «
Una denuncia a raíz del caso Palau
El contenido de la denuncia anónima empieza justificando su registro a la policía. En principio, el denunciante anónimo quiere que sea la misma policía quien aporte al juzgado de instrucción número 30 de Barcelona la denuncia que interpone. Entonces, este juzgado llevaba la instrucción de uno de los casos más mediáticos de los últimos años en Cataluña, el caso del expolio del caso Palau. El título de la denuncia, en castellano, era concluyente:
El denunciante anónimo explicaba que había vivido entre Barcelona y Madrid como directivo «de una gran empresa» que aparecía como «donante» de la Fundación Trias Fargas, la fundación de Convergència Democrática de Cataluña implicada en el caso Palau. En ningún momento menciona la empresa, ni el importe de las donaciones, ni los cargos concretos que había ostentado. A partir de aquí, empieza a detallar el mecanismo de cómo funcionaban las comisiones que hipotéticamente provenían de conductas relacionadas con la corrupción.
«No eran donaciones, eran pagos»
En el escrito registrado a la policía insistía que las aportaciones empresariales a la fundación no eran «donaciones» sino que eran «pagos, comisiones o peajes de contratistas por las adjudicaciones de contratos ya recibidos». Donaciones que o bien «se hacían el mismo día de la adjudicación o se dejaban pasar, a lo sumo, dos meses desde el momento de su formalización. Así mismo, concreta que su empresa daba el mismo «%», un porcentaje que «no especifica para mantener el anonimato de la denuncia». Un porcentaje que, según la denuncia, no solo permitía la adjudicación del contrato, sino multiplicar por dos o por tres los beneficios de la adjudicación. Incluso, delata que en algún caso habían llegado a tener un beneficio del 27% en alguna adjudicación.
Es decir, la explicación del denunciante es que antes de la adjudicación se negocia el porcentaje. «Todos estos peajes», añade, «por mi experiencia variaba entre el 3,4% o el 5% del importe de la adjudicación sin sumar el IVA». La comisión también podía variar de manera «excepcional» si el contrato se podía «engordar» o cuando se podía hacer uno «
Artur Mas y Brasil
El texto del escrito prueba de envolver directamente Artur Mas, que entonces había convocado las elecciones. Añade el Brasil de fondo, como ya lo intentó la policía patriótica, con uno pintor brasileño a quien supuestamente le compraba cuadros para esconder dinero negro que provenía de estas donaciones. Así, anima a los policías a preguntar a Artur Mas. «Seguramente sabe más que yo» porque «ha vendido la gestión del agua potable en Barcelona por los 50 años próximos», dice, en referencia a la venta de Aigües Ter Llobregat a Acciona, que en 2018 el Tribunal Supremo tumbó. «Yo no creo», especulaba la denuncia, «que el responsable de Acciona solo fuera a las tierras brasileñas en busca de financiación, quizás también le fue bien dejar por allá alguna cuenta corriente con una elevadísima comisión, a nombre de un grande de Cataluña».
El final de la carta «aconsejaba» a la policía buscar datos exactos de las donaciones y hacer una inmersión al BOE y mirar contratos con empresas y administraciones dirigidas por CDC. «El pueblo lo tiene que saber», arguye la carta dirigida a la Brigada de Blanqueo de Capitales, al inspector del grupo 24 y al juez Josep Maria Pijoan, que instruía el caso. Un dato que demuestra muy bien a quién dirigía la misiva. El 14 de noviembre, es decir, doce días después del registro de la denuncia, el jefe del grupo 24, el inspector 89140, remitía la carta al juzgado y comunicaba que el grupo investigador estaba realizando varias pesquisas sobre quienes podía ser el remitente de la comunicación y decía que se informaría el juez. Finalmente, esta información quedó durmiendo el sueño de los justos en un cajón. Pero gracias a este documento, la policía tuvo un primer aval para empezar a investigar el que se bautizaría como Operación Cataluña.
