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El Govern crea la unidad antidesahucios para buscar una respuesta “coordinada” ante la pérdida de la vivienda

La Generalitat de Cataluña ha oficializado este martes en el consejo ejecutivo la creación de una unidad antidesahucios para dar una respuesta “coordinada e integrada” entre la Agencia de la Vivienda de Cataluña, las administraciones locales y el resto de agentes con el fin de “garantizar el derecho a la vivienda, la dignidad y el bienestar de las personas”.

Esta unidad de antidesahucios estará dotada con, al menos, unas cincuenta personas para realizar el acompañamiento durante el primer semestre de 2026. La intervención también contempla la prevención de la pérdida de la vivienda, la activación de mecanismos para la contención y apoyo económico y jurídico personalizado.

La aprobación de la creación de esta unidad llega después de que el Gobierno firmara el acuerdo con los Comunes este lunes. Aparte de esta medida, el acuerdo también supone activar el registro de grandes tenedores de vivienda. Este pacto ha sido fruto de varios meses de negociación para reforzar los actuales servicios que prestan apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad.

La portavoz adjunta de los Comunes Susanna Segòvia; la presidenta de los Comunes en el Parlamento, Jéssica Albiach; y la consejera de Territorio, Vivienda, Transición Ecológica, Sílvia Paneque; durante una reunión en materia de vivienda / EuropaPress

La unidad de antidesahucios tiene como objetivo que la Generalitat “asuma un papel proactivo” ante la crisis de la vivienda e intervenga antes de que lo hagan los juzgados o los Mossos d’Esquadra, según explicó la líder de los Comunes en el Parlamento, Jéssica Albiach. Estas tareas serán de acompañamiento y apoyo a los entes locales, que habitualmente prestan los servicios de apoyo a las personas en situación vulnerable.

La creación de un registro de grandes tenedores

En cuanto al registro de grandes tenedores, que también formaba parte del pacto entre Gobierno y Comunes de este lunes, este deberá esperar unas semanas porque tiene que pasar por la fase de exposición pública.

Este registro debe servir para identificar personas físicas o jurídicas “que hacen negocio con la vivienda”. Según se ha pactado, deberán constar los propietarios de más de cinco pisos o casas –10 si los destinan a alquiler social–. En caso de incumplirlo, pueden ser sancionados con multas de entre 9.000 y 90.000 euros.

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