El misterio de los proyectiles de foam del día de Urquinaona. Bien podría ser el título de un capítulo de detectives, pero es el que admite el mismo consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, más de tres años después, en un extenso informe presentado al Parlamento de Cataluña el 19 de mayo. En concreto, el consejero, a petición del diputado de la CUP Xavier Pellicer, asegura que por las «circunstancias complejas» del que pasó el 18 de octubre del 2019 en la plaza Urquinaona de Barcelona, durante las protestas contra la sentencia del Proceso, «no se pueden concretar los datos sobre la utilización de proyectiles». En cambio, sí que tienen contabilizadas las detenciones, las asistencias sanitarias, los traslados hospitalarios, los vehículos dañados y los agentes de los Mossos d’Esquadra y del Cuerpo Nacional de Policía heridos.
Curiosamente, el dato contrasta con la expuesta por el comisario José Miguel Ruiz Iguzquiza, cabe desde el 2011 de las Unidades de Intervención Policial del Cuerpo Nacional de Policía, la
En todo caso, la respuesta al diputado Pellicer asegura que el director general de la Policía de la Genetalitat, Pere Ferrer, hizo una «planificación progresiva y ajustada en cada momento en base la evolución de las necesidades». A la vista del informe, todo indica que los Mossos no comprobaron cuántos proyectiles salieron de la armería y cuantos volvieron.
Datos en un «contexto de excepcionalidad total y absoluta»
La carencia de datos de los Mossos d’Esquadra y de Interior se ha delatado cuando la CUP ha apretado al Departamento de Interior por saber cómo estaba el expediente de Olga, una chica que la noche del 18 de octubre sufrió un impacto de proyectil que le causó un traumatismo craneoencefálico con hemorragia interna, además de una fractura de huesos del cráneo y a la mandíbula. Olga sufrió el disparo a los entornos de Jardinets de Gracia. Interior detalla que la reclamación de la víctima todavía está en tramitación a la espera del informe jurídico y el posicionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat. Pero en ningún caso hay una investigación interna o judicial, porque los Mossos se enteraron del incidente «casi un año después, el 15 de octubre del 2020». Ahora bien, más allá de este proceso, Elena añade que el entonces consejero, Miquel Buch, hizo «el análisis y valoración del dispositivo» que acabó con el dosier titulado
A partir de aquí, pero el cuerpo técnico y político de Interior pocos detalles más puede ofrecer respecto al dispositivo del 18 de octubre del 2019 y sobre las balas disparadas. «Es oportuno contextualizar», resalta la respuesta de Elena, «la situación de excepcionalidad total y absoluta, con desórdenes públicos graves, que comportó un número de actuaciones elevado para los equipos de orden público para dar asistencia a numerosos puntos de la ciudad en que se concentraban personas». Un «contexto» que ya deja entrever el descontrol de la munición durante aquella jornada. «En cuanto a los datos sobre la utilización de los proyectiles de foam aquel día», manifiesta el consejero, «no se pueden concretar en el marco de circunstancias complejas de la situación que se analiza, las múltiples localizaciones de los actos de protesta, la virulencia de los ataques y la duración en el tiempo, dado que no se dispone de los medios que permitan la geolocalización y la trazabilidad [de los proyectiles] de manera precisa».
Llama la atención que en la descripción se utilice el concepto de «desórdenes públicos graves», sinónimo del actual «desórdenes públicos agraviados», que castigan con más dureza estos comportamientos después de la reforma del Código Penal. Un dato, cuando menos, preocupando cuando todavía quedan décimas de juicios pendientes contra activistas. También topa con esta explicación, el relato oficial del 18 de febrero del 2021, a raíz de las protestas por la detención del rapero Pablo Hasél, cuando lo mismo director Ferrer y el entonces comisario portavoz, ahora ya en segunda actividad, Joan Carles Molinero, comunicaron públicamente que en dos días se habían disparado 420 proyectiles de foam. Todo en un contexto «de extrema violencia» en todo el país, focalizado en Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida.
Otras cifras que sí que tiene la consellería de Interior
La misma respuesta parlamentaria, pero, sí que aporta otros datos que el consejero califica de «relevantes». Así, computa que se hicieron 86 detenciones, se efectuaron 140 asistencias sanitarias y 40 traslados a hospital y constan 96 policías heridos (78 del CNP y 18 de los Mossos d’Esquadra) y 17 vehículos dañados. En esta línea, Elena manifiesta que «ante la posibilidad de un incremento de movilizaciones de la ciudadanía a partir del resultado de la sentencia, el director general de la Policía ya había puesto en alerta máxima los Mossos y ordenó planificar la máxima cobertura y eficiencia de los servicios y recursos policiales».
Una planificación que consideran coherente con el episodio de violencia que se vivió el 18 de octubre. «En previsión de incidentes sostenidos en el tiempo, se hizo una planificación progresiva y ajustada en cada momento basándose en la evolución de las necesidades, teniendo en cuenta la posibilidad de atender circunstancias excepcionales o acontecimientos críticos, como así fue el día 18 de octubre», afirma el texto presentado al Parlamento. De hecho, el consejero señala que aquel viernes se activaron 51 equipos de la Brigada Móvil de los Mossos d’Esquadra y 29 equipos del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO), las dos grandes unidades de orden público de la policía de la Generalitat. Una gran movilización de efectivos que se justificaba «con el fin de garantizar todos los derechos de las personas y la seguridad ciudadana».
Aun así, el departamento asegura al diputado portavoz de Interior de la CUP que «se hizo una revisión de las actuaciones policiales en las movilizaciones de protesta a raíz de la sentencia, analizando la operativa de los dispositivos. Se investigaron las actuaciones de las cuales se tenía conocimiento que podían no estar realizadas de acuerdo con los protocolos del cuerpo de Mossos d’Esquadra y, de acuerdo con la normativa de aplicación, se exigieron responsabilidades por las conductas que podían constituir una infracción a la ley, garantizando con pleno respeto los derechos de las personas implicadas». Ahora bien, nadie sabe cuántos proyectiles de foam se dispararon.
