Junts pel Sí (JxSí) y la CUP establecieron una alianza parlamentaria en todo aquello relacionado con el proceso contituyente. Pero este miércoles, los diferentes puntos de vista sobre un asunto no relacionado con esta alianza, como es la gestión de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), ha estado el primer caso en que las dos formaciones votaron de manera contrapuesta, propiciando así la derrota de JxSí. Los diputados de la CUP han sumado al resto de la oposición para que la Generalitat vuelva a gestionar directamente los bienes y las instalaciones de titularidad pública que integran la red Ter-Llobregat, revertiendo así la privatización de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) en manos de Acciona.
Los diputados de la CUP Benet Salellas y Gabriela Serra se habían reunido esta mañana, justo antes del pleno del Parlament, con el presidente y el vicepresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, así como con el presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí (JxSí), Jordi Turull, para acercar posiciones. Las diputadas Mireia Boia y Eulàlia Reguant también se han reunido durante el pleno en los despachos de JxSí. Pero, finalmente, unos y otros independentistas han votado de manera contrapuesta.
Y es que este miércoles se ha debatido una proposición de ley del PSC en que se planteaba que el Govern constituyera una sociedad mercantil íntegramente participada por la Generalitat, que sería la encargada de la gestión de los bienes y instalaciones de la red Ter-Llobregat, en vez de la concesionaria Acciona. El texto también prevé que, transitoriamente, sea la Agencia Catalana del Agua (ACA) la entidad prestadora del servicio. JxSí había presentado una enmienda de retorno a la proposición que, si se hubiera aprobado, hubiera supuesto el rechazo al texto socialista. Pero la enmienda solo ha contado con los 62 votos de JxSí, y ha estado rechazada por 71 diputados. En tanto que la enmienda no ha prosperado, la iniciativa continuará tramitándose en comisión.
La CUP hacía días que había anunciado que, después de un informe de la Oficina Antifraude que detectaba irregularidades en Acciona, entendía que la Generalitat tiene suficientes argumentos para retirarle la concesión y vuelva a asumir la gestión directamente. En el hemiciclo, la izquierda independentista ha asegurado que tenía “mucho interés” en la tramitación de la ley porque están a favor de la gestión pública del agua.
Los 62 diputados de JxSí han estado los únicos en dar soporte a la enmienda en la totalidad porque defienden esperar a la sentencia firme del Tribunal Supremo por tomar una decisión al respeto. Además, cifran en 1.200 millones el coste que supondría una resolución unilateral del contrato.
